miércoles, 24 de abril de 2024
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Fue inaugurado en el Vaticano el año judicial 2012

Ciudad del Vaticano (Lunes, 16-01-2012, Gaudium Press) El sábado pasado, fue inaugurado en el Vaticano el año judicial 2012. En el discurso inaugural, Nicola Picardi, el promotor de justicia del Tribunal vaticano habló sobre las nuevas normativas introducidas al final del 2010 sobre el litigio en el empleo público y sobre la revisión parcial del derecho penal en los sectores económicos-financieros y monetario. Señaló además, que la jurisdicción vaticana, de «justicia de naturaleza estatal» se asume en algunas materias como «autoridad jurisdiccional ultra-estatal».

El año judicial en el Vaticano inició con la Santa Misa presidida por el cardenal Secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone y concelebrada por sus secretarios particulares Lech Piechota y Roberto Lucchini, en la Iglesia del Palacio de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. En la homilía el purpurado observó que la administración de la justicia en el Vaticano debe ser ejemplar y seguir la doctrina social de la Iglesia «lo más perfectamente posible». Por otra parte, debe reafirmar la relación «entre la justicia divina y la humana», así como entre «las necesarias exigencias de la justicia y la misericordia cristiana a través del «proclamar y defender en cualquier lugar y cualquier tiempo los derechos y los deberes fundamentales del hombre».

11023_M_f8fc01b37.jpgLa inauguración del año judicial «nos recuerda – resaltó el cardenal – la peculiar vocación de la Iglesia, comunidad de hombres llamada a ser en el mundo señal e instrumento del amor de Dios, de su justicia que es siempre expresión de su amor misericordioso. Esta misión de ejemplaridad, que dice respecto en primer lugar a las comunidades eclesiales en sentido propio, esto es, las familias, las parroquias y las diversas agrupaciones de apostolado, compete de un modo particular también a aquella singular institución que es el Estado de la Ciudad del Vaticano».

Un escrito de 146 páginas, subdivido en ocho capítulos y 62 párrafos, informa que la nueva normativa introdujo algunas innovaciones en materia administrativo-financiera en la amplia reforma del código penal vaticano, necesaria después de la Convención monetaria entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano, del 17 de diciembre de 2009. El euro se volvió moneda oficial del Estado vaticano, aunque él no sea un estado miembro de la UE. En 2010 fueron adoptadas medidas apropiadas para uniformizar la legislación con los modelos europeos sobre la prevención contra el lavado de dinero, sobre el fraude y la falsificación de los medios de pago en dinero y otros. En seguida, a partir del 1° de marzo de 2011 fueron introducidos en el código penal vaticano casos criminales en referencia al fraude y la falsificación de billetes y monedas de euro y, a partir del 1° de abril sucesivo, aquellos relativos a la prevención y al combate al lavado de dinero proveniente de actividades criminales y del financiamiento del terrorismo, introduciendo algunas nuevas obligaciones, como la «adecuada verificación de la clientela» o del crimen de auto-lavado de dinero, lo que no es previsto, por ejemplo, por la legislación italiana.

El reenvío a las normativas sobre el lavado de dinero y sobre el financiamiento del terrorismo establecidas con el Motu proprio para la prevención y combate a las actividades ilegales en el campo financiero y monetario, y a la luz de la «Caritas in veritate», comprende los dicasterios de la Curia Romana (Congregaciones y Pontificios Consejos), todos los organismos y entes dependientes de la Santa Sede que realizan profesionalmente actividades económico-financieras o monetarias (Radio Vaticana, «L’Osservatore Romano», etc.), así como el Instituto para las Obras de Religión (Ior), el llamado «banco vaticano».

Modelo de eficiencia

El último párrafo del informe presenta el balance final del año judicial con el porcentaje de los procedimientos penales y civiles en relación a los habitantes de la Ciudad del Vaticano que es de 130% y 49,5%. En realidad el Vaticano es un Estado muy tranquilo sin ningún porcentaje registrado. Los 640 procesos civiles y los 226 penales registrados el año pasado no se refieren a los 492 habitantes efectivos de la Ciudad del Vaticano, sino a las casi 18 millones de personas que visitaron el territorio, basílica y museos incluidos. El Tribunal vaticano puede ser ejemplo para los tribunales en todo el mundo por la duración de los procesos, porque 94% de los procesos civiles fue concluido, aunque la duración de los procedimientos civiles haya aumentado en 2011 en relación al año 2010. A su vez, disminuyó la duración de los procedimientos más complejos: de los 3.759 días en 2010 a los 892,2 días en 2011. Mientras en los procedimientos penales se notó en 2011 una leve flexión de 97,5% en 2010 a 92,1%, por el hecho de dar precedencia a la asistencia judicial internacional. La duración promedio de los procesos penales delante del tribunal era de 36 días en 2010, mientras en 2011 disminuyó a 18,8 días.

La acción judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano es poco conocida en el mundo, pero responde a la autonomía de la Santa Sede establecida en el Tratado con Italia. Así, el menor estado del mundo garantizó el poder judicial a partir de la ley del 21 de noviembre de 1987, n. CXIX. Los órganos que operan en nombre del Sumo Pontífice son: un Juez único, un Tribunal, una Corte de Apelación y una Corte de Casación, con las respectivas competencias establecidas en los códigos de procedimiento civil y de procedimiento penal vigentes en el Estado. Las leyes que se refieren al Vaticano son publicadas en el «Acta Apostolicae Sedis».

 

 

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