martes, 23 de abril de 2024
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Obispos de EEUU señalan condiciones que debería cumplir enmienda de mandato antinatalista

Washington (Sábado, 10-09-2016, Gaudium Press) La Iglesia Católica en Estados Unidos espera con atención el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de diseñar una alternativa respetuosa de la libertad religiosa en la demanda de las Hermanitas de los Pobres contra el Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos (HHS) a causa del llamado mandato antinatalista. En medio de este proceso, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) envió un carta a dicho Departamento con los comentarios de la Iglesia sobre las condiciones que debería reunir la enmienda de la norma, la cual debe determinar una opción «verdaderamente independiente de los demandantes y sus planes».

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La Suprema Corte decidió que las partes de la demanda en contra del mandato antinatalista deben llegar a un acuerdo en el cual el estado asegure la cobertura de los servicios objetados en una manera que no violente la libertad religiosa de los empleadores. Foto:  U.S. Department of State (IIP Bureau).

El documento es de gran relevancia, ya que en el pasado el HHS fracasó reiteradamente en elaborar un régimen de excepciones que preserve a los empleadores católicos de incluir en sus planes obligatorios de salud para empleados productos y servicios inmorales como fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos. La institución no tuvo en cuenta los argumentos de la Iglesia al definir de forma muy estrecha lo que sería considerado como institución religiosa y, ante la álgida controversia desatada por la norma, finalmente implementó una «acomodación» claramente insuficiente que motivó numerosas demandas, la más conocida de ellas interpuesta por las Hermanitas de los Pobres.

«Esta última ronda de elaboración de la norma presenta una oportunidad para que la administración obtenga su interés elegido y al mismo tiempo traiga un fin amigable a una disputa prolongada y sin precedentes con la comunidad religiosa», indicaron los prelados en su carta a la HHS. La «acomodación» actual obliga a los empleadores religiosos a llenar un formulario que habilta el pago de los servicios objetados directamente a cargo de las aseguradoras, lo que constituye una cooperación directa y necesaria y no protege a las instituciones que implementan un modelo de autoaseguramiento.

Los Obispos indicaron que para que el estado logre sus fines sin forzar a quienes sinceramente sostienen objeciones religiosas, la cobertura contraceptiva debe ser «verdaderamente independiente de los demandantes y sus planes», sugiriendo por ejemplo proveer los servicios considerados inmorales por la doctrina de la Iglesia «a través de una política separada, con un proceso separado de inscripción, una tarjeta de seguro separada, un fuente separada de financiación y ofrecida a los individuos a través de una comunicación separada». Además, los prelados indicaron que un sistema de esta naturaleza debe dejar claro «que no se requiera ningún involucramiento de empleadores objetores», además de proteger los derechos de los individuos que objetan estos productos y servicios de forma que la inscripción para recibir esta cobertura «no debe ser automática».

Con información de Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

 

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