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Ciudad del Vaticano (Viernes, 08-07-2016, Gaudium Press) El P. Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha explicado en nota reciente que el proceso jurídico sobre lo que popularmente se conoce como «Vatileaks», y que ha concluido por estos días, debía llevarse a cabo.
Existe una Ley, del año 2013, promulgada para contrastar las fugas de noticias. En los últimos años se desarrolló el sistema jurídico y penal vaticano para modernizarlo y hacerlo más completo. De tal manera que, como expresa el Padre Lombardi «no se pueden declarar intenciones y establecer normas y después no ser coherentes en el hecho de ponerlas en práctica, persiguiendo a quien no observa las leyes». Y añadió sobre ese proceso en particular:
«Se lo debía hacer para demostrar la voluntad de combatir con decisión las manifestaciones y las consecuencias incorrectas de las tensiones y polémicas internas vaticanas, que desde hace un tiempo se reflejan muy frecuentemente también afuera a través de indiscreciones o filtraciones de documentos a los medios de comunicación, creando un círculo y un contexto ambiguo y negativo de interacciones entre discusiones internas y relanzamientos a través de las comunicaciones sociales, también con consecuencias negativas en la opinión pública, que tiene derecho a una información objetiva y serena. Ésta es una ‘enfermedad’ – como diría el Papa Francisco – que hay que combatir con determinación».
El sacerdote jesuita expresó igualmente que para conocer y evaluar los diversos aspectos de esta situación era justo afrontar valerosamente también la dimensión del papel y de la responsabilidad efectiva de los periodistas en esta cuestión, a pesar de las polémicas previsibles a propósito de la tutela de la libertad de prensa. Y añade que la libertad de prensa ciertamente debe ser tutelada, pero recuerda que la profesión periodística puede tener límites que respetar cuando hay otros bienes importantes que tutelar. De manera que «es justo – dice – verificar si esto ha sucedido o no». Y como tantas veces se ha afirmado, «de ninguna manera éste era un proceso contra la libertad de prensa».
«También Benedicto XVI, si bien no existía aún la ley actual, había considerado justo que la justicia ‘humana’ hiciera su curso con respecto a su mayordomo hasta la sentencia. Ahora, análogamente – si bien la responsabilidad de la divulgación se remontaba claramente a un eclesiástico importante – no habría sido justo usar por este motivo un trato diverso».
Por otra parte, el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede afirma que «el proceso se hizo con la plena voluntad de respetar las leyes y los procedimientos previstos», junto a las exigencias del derecho y de la defensa de los imputados:
«Con jueces y abogados competentes y con un debate público trasparente, se escucharon testimonios sumamente autorizados, como el recordado varias veces – en el debate y fuera de él – del Doctor Paolo Mieli. El tiempo global del proceso fue contenido, es más breve, si también se tienen en cuenta los casi dos meses empleados para la pericia informática que había sido solicitada por la defensa».
Sobre la sentencia proferida, el Padre Lombardi explica que se la llevó a cabo «con actitud de justicia y de clemencia al mismo tiempo», según el espíritu de renovación de la legislación penal querido por Pablo VI en 1969.
«Como todos aquellos que han seguido el proceso han comprendido fácilmente, el debate tuvo un papel fundamental en la formación del juicio del Colegio, que no se movió en base a posiciones de prejuicio, llegando, en fin, a sentencias de absolución de las cuales sólo es posible alegrarse».
El proceso aún no concluye, y los imputado tienen tres días para apelar sentencia.
Con información de Radio Vaticano
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