martes, 19 de marzo de 2024
Gaudium news > "Las clínicas y hospitales católicos no practicarán nunca abortos ni eutanasias", dice Secretario Adjunto del Episcopado Colombiano

"Las clínicas y hospitales católicos no practicarán nunca abortos ni eutanasias", dice Secretario Adjunto del Episcopado Colombiano

Bogotá (Miércoles, 24-10-2012, Gaudium Press) El Secretario Adjunto del Episcopado colombiano para las relaciones con el Estado, Padre Pedro Mercado Cepeda, en entrevista se ha referido a algunos aspectos relevantes de su actividad como Capellán Mayor del Congreso de la República de Colombia, especialmente sobre proyectos de ley que van contra la vida y la dignidad del ser humano. A continuación el muy interesante diálogo:

Como Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia y Capellán del Congreso de ese país ha tenido que hacer frente, en los últimos años, a una verdadera avalancha de proyectos de ley que van en contravía de le fe católica: aborto, eutanasia, etc. ¿Cómo ha visto su trabajo en el Congreso?

Estoy satisfecho. A pesar de esos proyectos que mencionas y que en realidad atentan, no contra la fe católica, sino contra la dignidad y los derechos de los colombianos, ha habido también otros proyectos importantes que han contribuido enormemente a la consecución de una sociedad más justa. Un ejemplo es la ley de víctimas. En esos proyectos constructivos la Iglesia ha sido muy escuchada. Por otra parte, el aborto y la eutanasia sólo ahora inician su trámite legislativo. Habrá que ver cuáles son los resultados concretos del proceso.

En el curso de los debates sobre la reforma a la justicia a la Iglesia se le vio particularmente activa. Incluso el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia visitó las Altas Cortes. Al final, el Episcopado emitió un fuerte pronunciamiento reprobando lo que había sucedido. ¿Cuáles eran los intereses de la Iglesia en ese proceso? ¿Cómo valora el resultado?

Padre Pedro Mercado2.jpg
El Padre Mercado confía en que «los congresistas sabrán discernir y valorar todo lo que está en juego y defenderán la inviolabilidad de la vida humana consagrada en la Constitución»

El pronunciamiento fue ajustado a la gravedad de lo acontecido. El único interés de la Iglesia en ese campo era favorecer el establecimiento de una justicia eficaz y pronta, capaz de tutelar los derechos de todos los colombianos, especialmente de los más desfavorecidos. Es evidente que la justicia colombiana necesitaba y necesita una reforma profunda. Lastimosamente, desde el inicio hubo inconsistencias en ese proyecto. Faltó consenso entre las instituciones y más debate social. Desde el inicio advertimos a los responsables de los peligros que una reforma mal proyectada podría tener para el país. Pero primaron los intereses particulares frente a la auténtica búsqueda del bien común y el resultado final es de todos conocido.

Respecto al aborto, ¿cómo ve la iniciativa que se adelanta en Colombia para legalizarlo completamente?

La Conferencia Episcopal Colombiana se ha pronunciado con claridad al respecto. Hace unas semanas se hizo público un documento titulado «Por la vida y por la mujer» en el que se hacen aportes muy importantes para la reflexión sobre ese tema desde una perspectiva ética y jurídica. Porque nuestras razones no son exclusivamente religiosas. Confío en que los congresistas sabrán discernir y valorar todo lo que está en juego y defenderán la inviolabilidad de la vida humana consagrada en nuestra Constitución. Ruego a Dios para que no caigan en el engaño que se esconde detrás de ese proyecto.

¿A cuál engaño se refiere?

Pues a que los defensores del aborto presentan ese proyecto como si se tratara de la defensa de los derechos fundamentales y de la libertad de la mujer. En realidad, es todo lo contrario, las mujeres son una víctima más del aborto. Hay estudios médicos y sociológicos que lo demuestran. La gran mayoría de las mujeres se ven abocadas a abortar por condiciones de soledad, de violencia, de abandono, por presiones familiares e incluso laborales. Si de verdad el Congreso quisiera favorecer los derechos de la mujer se presentarían otro tipo de propuestas legislativas, propuestas que apuntaran a una mayor equidad social, a una mejor educación, a un mayor acompañamiento del Estado a la mujer trabajadora o ama de casa. El objetivo real de los promotores del aborto es el de favorecer unos intereses económicos y unas ideologías de género que nada tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer colombiana. Si los multimillonarios recursos, públicos y privados, que hoy se utilizan para promover el aborto fueran utilizados para ayudar a la mujer colombiana en sus necesidades reales otra sería nuestra realidad.

¿Qué opina de algunas voces católicas disidentes que promueven la legalización del aborto y justifica la sentencia de despenalización de la Corte Constitucional?

En la Iglesia no hay posiciones disidentes sobre el aborto porque el Magisterio es clarísimo y unánime en su rechazo al aborto. Esa no es materia discutible. Por otra parte, no creo que sea intención del P. Novoa promover la legalización del aborto. No lo creo porque sería inconsecuente con la fe que profesa y con la misma ciencia. Creo que él mismo debería aclarar nuevamente su postura como lo hizo hace unos meses en un artículo publicado por EL TIEMPO. Posiblemente le ha faltado claridad al expresarse. A todos nos puede pasar. En todo caso, si es necesario evidenciar que el P. Novoa no es vocero oficial de la Iglesia, la suya -como por otra parte la mía- es una opinión como cualquier otra. Lo que realmente importa es la posición del Magisterio que se opone claramente al aborto y a su despenalización en toda circunstancia.

¿Qué puede decirnos del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido que recientemente fue aprobado en la Comisión Primera de Senado?

Ese proyecto está jurídicamente mal encausado. Es incomprensible que algunos senadores lo hayan votado afirmativamente. Dicen los promotores de ese proyecto que lo que pretenden es «reglamentar» lo ya establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 239 de 1997. Esa sentencia no legalizó la eutanasia activa en Colombia sino que la despenalizó en un caso puntual y específico. A saber, el caso del enfermo terminal, subrayo terminal, que solicita con plena libertad y consciencia a su médico tratante la terminación de su vida para evitar el dolor y el sufrimiento. La Corte dijo que, en ese caso, el médico no podía ser perseguido penalmente, siempre y cuando la acción eutanásica se haya dado dentro de las estrictas condiciones que la misma Corte estableció en esa sentencia. La Corte fue restrictiva, pide de hecho que cada acción de esa naturaleza sea investigada por la justicia para comprobar que se cumplieron las condiciones propuestas. El proyecto actual, en cambio, amplia la aplicación de la eutanasia a pacientes que ni siquiera se encuentran en estado terminal. Eso está escrito claramente en el artículo segundo del proyecto. Además, la Corte nunca contempló en su sentencia la eutanasia no voluntaria que en cambio viene reconocida en el actual proyecto de ley. De ser aprobado ese proyecto, la familia del paciente y hasta las instituciones de salud podrían, en ciertos casos, decidir sobre la terminación de la vida del enfermo. Está en el artículo quinto del proyecto. Eso es muy grave: va en contravía de todo sano principio de la ética médica y va en contravía, incluso, del principio de autodeterminación del paciente que fundó la decisión de la Corte Constitucional. Dadas las circunstancias lamentables de nuestro sistema de salud, los abusos a los que nos podría conducir la aplicación de las medidas contenidas en ese proyecto serían gravísimas. Los congresistas tienen una responsabilidad enorme: hundir ese proyecto de ley. No pueden jugar con la vida de los colombianos. Yo creo que el proyecto de eutanasia es un «mico» más grave que la reforma a la justicia.

¿Sus relaciones con algunos parlamentarios se han visto afectadas por las iniciativas sobre aborto y eutanasia?

En modo alguno. De hecho, considero muy saludable que temas como el aborto o la eutanasia sean debatidos en el Congreso, de cara al pueblo colombiano, con espíritu abierto y democrático. Respeto las opiniones contrarias y respeto más a aún a quienes las defienden con ardor y entereza, sin fingimientos. Esa actitud ha sido correspondida en el Congreso donde se dan cita diariamente opiniones encontradas o divergentes. No es de extrañar que pueda mantener relaciones de cercanía y de amistad con personas que defienden principios ajenos o contrapuestos a los míos. Ahora bien, esa cercanía no significa en modo alguno que avale sus acciones o sus opiniones.

¿Qué pasa si esos proyectos de aborto y eutanasia son aprobados por el Congreso Colombiano? ¿Cuál podría ser la actitud de la Iglesia Católica?

Espero sinceramente que esos proyectos no sean aprobados. Confío en el buen juicio de los congresistas porque se trata de materias muy graves que pueden tener consecuencias imprevisibles para la sociedad colombiana. De más está decir que de ser aprobados, los católicos y los ciudadanos de bien nos mantendremos firmes en nuestro compromiso por defender de la vida humana desde su concepción hasta su termino natural, conscientes de que no todo lo que es legal es éticamente aceptable. Una cosa si es cierta: las instituciones de salud de la Iglesia harán valer sus derechos y no pondrán en práctica esas leyes injustas. Las clínicas y hospitales católicos no practicarán nunca, ni siquiera bajo eventual coacción legal, abortos ni eutanasias.

¿Qué hará la Iglesia colombiana para impedir que la eutanasia y el aborto sean aprobados en el Congreso colombiano?

El Congreso es un poder democrático e independiente. La Iglesia respeta escrupulosamente esa independencia y la libertad de los congresistas para decidir sobre esas materias tan importantes. La Iglesia no hace lobby parlamentario, ni busca interferir en el desarrollo de los debates. Somos los primeros defensores de la democracia y de las instituciones. Lo que haremos será seguir evangelizando, predicando el respeto a la vida humana, desde su concepción hasta su término natural. Seguiremos también ejerciendo nuestro derecho a participar activamente en el debate público pero, reitero, sin interferencias de naturaleza política.

 

Deje su Comentario

Noticias Relacionadas