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Washington (Jueves, 09-10-2014, Gaudium Press) La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) envió una respuesta detallada al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos con motivo de una nueva acomodación realizada a la controvertida norma conocida como mandato antinatalista. El documento, redactado por los consejeros legales de los Obispos, enuncia detalladamente las objeciones que ya fueron expresadas inicialmente por Mons. Joseph Kurtz, Presidente de la USCCB, tras el primer análisis general sobre la medida. Los asesores coinciden en la denuncia del Arzobispo: «el mandato continúa sustancialmente siendo una carga para la libertad de conciencia» de los ciudadanos afectados.
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| Foto: Indy Catholic. |
«Notamos con desilusión que las regulaciones no ampliarían la excepción para ‘empleadores religiosos’ para que abarque a todos los empleadores que tengan objeciones religiosas sinceras al mandato», expresó Mons. Kurtz en la primera revisión de la norma. El problema al cual hace referencia el prelado es la obligación de incluir fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos en las coberturas de salud que todo empleador debe proveer a sus empleados.
Acomodaciones insuficientes
Una primera excepción se hizo para las instituciones religiosas tras el firme rechazo de la Iglesia, pero sólo para las que cumplieran condiciones que dejaron por fuera la gran mayoría de organizaciones de servicio como escuelas, hospitales y obras de caridad. También dejó desprotegidos a los particulares, por lo cual los Obispos rechazaron la pretendida facultad del estado de definir lo que podría ser o no una institución religiosa o quiénes podrían o no ser sujetos de protección de su libertad religiosa y de conciencia. Un tercer capítulo de la controversia, que ya suma varios años, se produjo tras el anuncio de una «acomodación» que resultó ser la introducción de una cláusula que el empleador presentaría a la aseguradora para que sea ésta última la que pague por los servicios objetados que seguirían siendo prestados a los empleados. Esta decisión fue rechazada por ser considerada una maniobra de contabilidad que no resuelve los problemas morales de la norma.
La más reciente modificación a la medida se produce tras la derrota judicial sufrida por la administración en la Corte Suprema de Estados Unidos en una demanda interpuesta por dos empresas familiares que reclamaron que el mandato violentaba su libertad religiosa. La Corte exoneró a los demandantes de la obligación de incluir los servicios moralmente objetables y el gobierno anunció una reforma de la medida. Según los comentarios enviados por la Conferencia de Obispos al HHS, el cambio sólo altera la última acomodación, de forma que no cambia el mandato mismo, preserva la estrecha clasificación de los llamados «empleadores religiosos», no protege la libertad de conciencia de particulares que objeten por razones morales no religiosas y continúa imponiendo la elaboración de un certificado que habilita que los servicios objetables sean prestados a través de otros mecanismos y que hace partícipes a los objetores de aquello que desean evitar.
«En resumen», afirman los asesores legales, «las reglas interinas finales no remedian la violación de la libertad religiosa que el mandato causa y que ha sido objeto de litigio continuo». Cada uno de los puntos señalados como objetables es argumentado detalladamente y se rechaza el mandato como «injusto e ilegítimo». De esta forma, la controversia continúa y los numerosos procesos judiciales que ya están en curso determinarán el futuro de la aplicación de la medida. «Una vez más, urgimos a la administración reconsiderar», concluye el documento de la USCCB.
Con información de Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
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