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El gobierno español está presionando para obligar a las instituciones de salud con ideario religioso a practicar la eutanasia.
Redacción (12/08/2021 09:25, Gaudium Press) En medio de la presión del gobierno español, para que no se les permita a las instituciones – particularmente las religiosas – objetar en conciencia contra la práctica de la eutanasia, reglamentada por reciente ley, se pronunció Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
Mons. Munilla recordó que estas instituciones contratan “a unos trabajadores para realizar un servicio público desde el ideario del centro”.
“No se trata de que una ‘institución obligue a sus trabajadores a objetar contra la eutanasia’ sino que una institución contrata a unos trabajadores para realizar un servicio público desde el ideario del centro”, declaró el obispo vía twitter.
Entidades sanitarias con ideario religioso firmaron manifiesto
El 23 de julio pasado, poco antes de que entrara en vigor la ley de eutanasia en España, instituciones sanitarias con ideario religioso firmaron un manifiesto en el que, entre otros puntos, resaltaban la suma importancia de los cuidados paliativos para las personas que concluyen su vida aquí en la tierra.
Las instituciones también deploraron allí que la ley de eutanasia “desmotive a las personas que necesitan cuidados para vivir dignamente y con sentido” y que “intereses espurios” fortalezcan la demanda de eutanasia.
“Acelerar la muerte ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie”, declaraban las instituciones religiosas en el manifiesto, que llevaba por título “Comprometidos en el alivio del sufrimiento y el cuidado de la vida”.
“Facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas”, expresaba la comunicación.
En el mismo sentido de lo afirmado por Mons. Munilla sobre la objeción de conciencia institucional, también se manifestó el Comité de Bioética de España, en un amplio y sustentado informe, alegando no sólo razones éticas, sino jurídicas.
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