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Varios directivos de la institución jesuita han tenido que salir del país. La acreditación había sido suspendida y las cuentas congeladas.
Trabajadores desmontan el crucifijo de la capilla universitaria
Redacción (, Gaudium Press) Ayer, día de la Asunción, los directivos de la Universidad Centroamericana en Nicaragua (UCA) –uno de los centros de estudios más importantes del país, con 5.000 estudiantes– , no pudieron celebrar en tranquilidad la subida de la Virgen en cuerpo y alma al cielo, pues recibieron la siguiente noticia:
“Hacemos de su conocimiento que el día 15 de agosto del corriente año, a las 05:29 minutos de la tarde, hemos recibido oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la Jueza Dra. Gloria María Saavedra Corrales”, donde se notifica “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”.
Evidentemente la incautación de “los bienes descritos” se hacía “a favor del Estado de Nicaragua”, el cual, supuestamente, “garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.
¿La hipotética razón?
De acuerdo a las directivas de la Universidad, estas medidas se tomaron “en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”. Es decir, un mero señalamiento, a la velocidad del rayo hace tránsito a condena y cosa juzgada.
La Universidad también avisa “que suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”.
De acuerdo a ciertas fuentes, algunos directivos de la Universidad han tenido que salir del país, al conocer de su inminente captura, que buscaba justificar el proceso judicial.
Circulan por redes fotos de trabajadores desmontando el gran crucifijo de la capilla Guadalupe de la universidad jesuita.
En una coaligación de diversos entes del Estado, que evidencia su conjunta sumisión al régimen Ortega, fue cancelada la acreditación ante el Estado; después fueron congeladas cuentas bancarias de la institución jesuita; a petición de la Procuraduría General de la República se inmovilizaron sus propiedades; y por orden de la Corte Suprema de Justicia se inhabilitó el Centro de Mediación de Justicia que ahí funcionaba.
También fueron congeladas cuentas bancarias de los miembros del Consejo Universitario y de algunos directores.
En las protestas del 2018, cuando se inició la deriva totalitaria del régimen, la UCA fue refugio de estudiantes perseguidos.
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