Menú 
Otra ley de seguridad nacional para Hong Kong. Como si no hubiera bastado la draconiana de 2020.
Foto: Josh Applegate en Unplash
Redacción (14/03/2024, Gaudium Press) Otra ley de seguridad nacional para Hong Kong. Como si no hubiera bastado la draconiana de 2020, que tiene a varios activistas católicos tras la rejas.
Se trata ahora de la llamada legislación del “Artículo 23”, que se estudia en la isla, “Región Administrativa Especial”, pero que cada vez parece más otra región de la China continental.
Resulta que si se cristaliza esta ley, que determinaría un estado policialesco en Hong Kong, una persona podría ser castigada con hasta 14 años de prisión por saber que otra ha cometido “traición” y no haber informado a las autoridades en un plazo razonable. Es claro, el propio sacramento de la confesión quedaría bajo la amenaza de esta legislación.
La posibilidad de que la ley “Artículo 23” se haga realidad, ya ha movido a 16 expertos internacionales en libertad religiosa a manifestar su “profunda y grave preocupación”, y han publicado una carta en ese sentido.
“Para muchas tradiciones religiosas, y especialmente para la Iglesia católica, la práctica de lo que se conoce como el Sacramento de la Penitencia (también conocido como el Sacramento de la Reconciliación o la Confesión) es un acto religioso de importancia absolutamente fundamental y sacrosanta”, dice la Carta conjunta. “En el corazón del Sacramento de la Penitencia está el principio absolutamente vital de la confidencialidad. Una confesión es hecha por un individuo, ante un sacerdote, frente a Dios y lo que se dice en esa conversación permanece completamente confidencial entre sólo tres seres: la persona que hace su confesión, el sacerdote que escucha esa confesión y Dios”.
El proyecto de ley, como es común en este tipo de legislaciones de control político poblacional, está lleno de “vagas disposiciones”, abriendo “la posibilidad de enjuiciamientos motivados políticamente por razones ilegítimas de ‘seguridad nacional’”.
La nueva legislación también carece de las salvaguardias que existen en otras jurisdicciones de derecho consuetudinario, como la revisión periódica de la necesidad de mantener la detención, y menoscaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, concretamente mediante la propuesta de “eliminar ciertos procedimientos” para “acelerar” los juicios por motivos de seguridad nacional. También permite ampliar la detención policial sin cargos, impedir el contacto entre los detenidos y los abogados de su elección, y negar a los condenados por delitos contra la seguridad nacional el derecho a una reducción de hasta un tercio de sus penas por buena conducta.
En última instancia, la legislación propuesta criminaliza como “sedición” cualquier intento de abogar por cambios legislativos o de criticar a la República Popular China, señala la Carta.
Entre los firmantes de la carta figuran la ex Presidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, Nadine Maenza, la Directora del Centro de Libertad Religiosa del Instituto Hudson, Nina Shea, y el Senior Fellow del Centro de Ética y Políticas Públicas, George Weigel, así como varios académicos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El cofundador de Hong Kong Watch, Benedict Rogers, ayudó a organizar la carta conjunta.
Con información de CH / Infocatólica
Deje su Comentario