El desafío canónico heredado por León XIV

Las reformas necesarias son vastas: un poder judicial independiente dentro del marco de la Santa Sede, una redefinición de la jurisdicción entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Iglesia universal, y, quizás lo más delicado, una renovación generacional en las instancias jurídicas.

Redacción (31/07/2025 09:44, Gaudium Press) Cuando el papa León XIV emergió de la loggia central de la Basílica de San Pedro, muchos asumieron que sería un papado continuista, mientras que otros albergaban la esperanza de reformas necesarias. Sin embargo, pocos imaginaban el campo minado que heredaría, no solo doctrinal y pastoral, sino también legal. El sistema legal del Vaticano, como demuestran los casos aún en curso de Libero Milone y Angelo Becciu, se encuentra hoy sumido en contradicciones tan profundas que se levantan dudas sobre la comprensión del concepto de justicia canónica por parte de quienes deberían ser sus máximos guardianes.

La reciente decisión en segunda instancia contra Libero Milone va más allá de un simple resultado procesal; expone una laguna. La reclamación de indemnización de Milone, exauditor general del Vaticano, expulsado en circunstancias que recuerdan a las de un desertor de la Guerra Fría, fue rechazada no por falta de mérito, sino por ambigüedad conceptual. En 2017, la Gendarmería Vaticana allanó la oficina y la residencia de Libero Milone, confiscando su equipo y acusándolo de espionaje. Bajo presión, Milone dimitió, negando siempre las acusaciones. El Vaticano alegó que estaba investigando a las autoridades sin autorización. Actualmente, Milone está demandando a la Santa Sede por daños personales, pero su reclamación ha sido denegada sistemáticamente.

El lenguaje de la sentencia revela una desconexión aún más profunda. Se describe al Vaticano como carente de un “orden pos-revolucionario”, un eufemismo para la ausencia de separación de poderes. Todo emana del Papa; por lo tanto, en teoría, todo regresa a él. Sin embargo, esta centralización se invoca de forma selectiva. La responsabilidad, como la niebla en una mañana romana, se disipa en cuanto uno intenta agarrarla.

Como bien señala Andrea Gagliarducci en su último artículo en el blog MondayVatican, no se trata simplemente de tecnicismos legales, sino de que “nos enfrentamos a una verdadera crisis de identidad institucional”. Si los propios tribunales vaticanos no interpretan a la Santa Sede según su lógica canónica, ¿cómo se puede administrar justicia correctamente? La Santa Sede corre el riesgo de dejar de ser el núcleo de la claridad moral para convertirse en un laberinto legal.

El caso del cardenal Becciu profundiza aún más el abismo existente. Que el IOR (Banco vaticano), una institución pontificia, procese a la Secretaría de Estado, brazo gubernativo del Papa, por uso indebido de fondos destinados al propio Papa, trasciende la ironía. Es casi una herejía. En términos de derecho canónico, el Papa es la persona jurídica de la Santa Sede; demandarse a sí mismo es un gesto digno de Kafka. No se trata de detallar las acciones del cardenal Becciu como sustituto de la Secretaría de Estado en el famoso caso de la inversión fallida en una propiedad de lujo en Londres, sino de garantizar que sea procesado y juzgado sin arbitrariedad legal.

A todo esto, debemos añadir el hecho de que el mismo Promotor de Justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, actúa tanto en primera instancia como en apelación, contraviniendo los principios más básicos de imparcialidad procesal. Los escándalos de escuchas telefónicas, la disputa sobre el fondo de pensiones de Malta y la derrota legal en Londres revelan un poder judicial vaticano tanteando en las sombras a la búsqueda de la coherencia.

Conviene recordar: el Papa Francisco prometió transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, los mecanismos establecidos para materializar estos ideales —tribunales especiales, juicios sin precedentes, reformas financieras integrales, cambios en la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano— parecen haber generado hoy más confusión jurídica que claridad institucional.

Y es en este escenario donde entra León XIV, un religioso con formación jurídica y un profundo conocimiento del Derecho Canónico. Su labor consiste en restaurar la credibilidad de un sistema judicial que ha perdido no solo su funcionalidad, sino también su esencia. Sin embargo, ¿cómo se puede destrabar un sistema en el que el acusador es también juez, en el que se niega a los órganos del Estado como tales y en el que las apelaciones reflejan contradicciones en lugar de correcciones?

Las reformas necesarias son vastas: un poder judicial independiente en el marco de la Santa Sede, una redefinición de la jurisdicción entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Iglesia Universal y, quizás la más delicada, una renovación generacional en las instancias jurídicas. Esta última podría resultar la más ardua, ya que las figuras detrás de estos procesos no parecen fácilmente reemplazables.

La tentación de suspender los recursos aún no interpuestos, dejando que se asiente el polvo antes de reconstruir los cimientos, es real. Y quizás León XIV lo haga, con la prudencia de un canonista que sabe que la jurisprudencia no se escribe solo en pergaminos, sino con decisiones.

Pero la ironía fundamental es ineludible. En una Iglesia gobernada no por parlamentos, sino por sucesores de Pedro, donde la justicia debería reflejar la divina, ahora estamos hablando de escuchas telefónicas, embargos de bienes y recursos interpuestos por la misma mano que dictó la sentencia original.

Sí, León XIV es un hombre de derecho. Sin embargo, necesitará no solo todo su conocimiento canónico, sino también una gracia especial para enderezar este edificio torcido. Esperemos que tenga suficiente tiempo en el Trono de Pedro para dar un nuevo rumbo a las cosas. Afortunadamente, su pontificado promete ser largo.

Por Rafael Tavares, Gaudium Press