La Casa Blanca expresó su indignación por el arresto de Rose Docherty, calificándolo de acto «tiránico». La mujer de 75 años, descrita como una «abuela pacífica», simplemente ejercía su derecho a expresar su opinión en un espacio público, sin ninguna evidencia de violencia o coerción.
Foto: screenshot/ adfinternational
Redacción (29/09/2025 15:06, Gaudium Press) El sábado 27 de septiembre, Rose Docherty, mujer de 75 años con problemas de movilidad debido a dos prótesis de cadera, fue arrestada en Glasgow por presuntamente violar la Ley de Servicios de Aborto de Escocia de 2024, que establece zonas de exclusión de 200 metros alrededor de 30 clínicas de aborto en el país. En una escena que causó desazón, Rose fue colocada en la parte trasera de una camioneta policial, visiblemente obligada a arrodillarse para entrar, a pesar de sus limitaciones físicas.
Rose estaba sola en la acera, a cierta distancia de la entrada del Hospital Universitario Queen Elizabeth, pero dentro del perímetro de la zona de exclusión. Con un cartel colgado del cuello que decía: “La coacción es un delito. Estoy aquí para hablar, solo si usted quiere”. Ella no se acercó a los transeúntes, no habló en voz alta, no exhibió símbolos religiosos ni distribuyó materiales. Sin embargo, su mera presencia provocó la intervención de cuatro policías.
Inicialmente, los agentes le pidieron que saliera de la zona de exclusión. Al negarse, Rose fue detenida por presuntas infracciones de la ley, que prohíbe acciones como “intentar persuadir a alguien para que no acceda a servicios de aborto, rodear a personas que entran o salen de clínicas, distribuir folletos, predicar religiosamente o realizar vigilias silenciosas”. Al preguntarle qué parte de la ley había violado, Rose escuchó al policía leer formalmente el texto: “[…] acercarse a alguien para intentar persuadirlo de no acceder a servicios de aborto, rodear a las personas que intentaban entrar o salir de la clínica u hospital (…), distribuir panfletos, predicar con devoción y realizar vigilias silenciosas”. A lo que respondió: “Toda persona tiene derecho a conversar consensualmente. Sostuve mi cartel con amor y compasión, invitando a cualquiera que quisiera hablar conmigo a hacerlo, y permanecí pacíficamente, sin acercarme a nadie. No debería ser tratada como una delincuente por invitar a la gente a hablar conmigo, por escuchar lo que tienen que decir. Conversar no está prohibido en las calles de Glasgow”. Aun así, el agente declaró: “Sospecho que ha cometido una infracción y considero necesario y proporcionado mantenerla bajo custodia para llevarla a juicio o tomar las medidas pertinentes en su contra”.
Trato inhumano en arresto por protesta pacífica
Rose Docherty, de 75 años, estuvo detenida durante varias horas en una celda policial, según informó ADF International, la organización que también difundió el video del incidente. A pesar de sus limitaciones de movilidad debido a dos prótesis de cadera, a Rose se le negó el acceso a una silla durante su detención, en un incidente que plantea dudas sobre el trato infligido por la policía.
Docherty fue acusada y puesta en libertad bajo fianza. Las estrictas condiciones de la fianza le impiden acceder a una zona designada como mayor que la “zona de contención” inicial, una medida que el equipo legal de ADF International considera “desproporcionada”.
La acción contra la anciana, que protestaba pacíficamente con un cartel, contrasta con la incapacidad de las autoridades de Glasgow para abordar la desenfrenada delincuencia de la ciudad. Glasgow ostenta la tasa de delincuencia más alta de Escocia, con 789 delitos por cada 10.000 habitantes, muy por encima de la media nacional escocesa de 528 por cada 10.000 habitantes. Para contextualizar, la tasa incluso supera los promedios de Inglaterra (670 por 10.000) y Gales (750 por 10.000). En comparación, Milán, la ciudad más violenta de Italia, registró 710 delitos por cada 10.000 habitantes en 2024.
Mientras la violencia y otros delitos graves azotan la ciudad, la presencia silenciosa y pacífica de activistas provida, como Rose Docherty, en las inmediaciones de clínicas de aborto, se considera una emergencia de seguridad pública, lo que exige la intervención policial inmediata.
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