Menú 
Será León XIV quien decida si será el juez supremo y universal o el guardián de la justicia en el territorio que domina. Las consecuencias podrían durar siglos.
Foto: Vatican News
Redacción (01/10/2025 09:35, Gaudium Press) El vaticanista Sandro Magister, en su artículo titulado “Cantiere apert0, sulle macerie della giustizia vaticana” (Obras en construcción, sobre las ruinas de la justicia vaticana), publicado ayer 30 de septiembre, describe un escenario inquietante para el derecho y la autoridad en el Vaticano.
Destaca la creciente tensión entre el ejercicio de la autoridad papal —entendida casi como absoluta— y las garantías de un sistema jurídico que respete los principios del Estado de Derecho. Con la llegada al pontificado de León XIV, esta tensión no se disuelve; más bien, podría convertirse en una prueba de coherencia institucional y valentía para el nuevo pontífice. El papa Prevost se enfrentará a una situación compleja, y sus acciones en este contexto impactarán la imagen de la Santa Sede en el escenario internacional.
En el núcleo del análisis de Magister está el caso del cardenal Giovanni Angelo Becciu: condenado en 2023 por malversación de fondos, fraude agravado y abuso de poder, el purpurado se convirtió en el primer cardenal juzgado por el Tribunal Vaticano según el procedimiento penal ordinario. Magister considera esta condena como una afirmación simbólica del poder papal —incluso en su negativa a obedecer las determinaciones de instancias juríficas inferiores—, pero también como un riesgo de deslegitimación institucional.
Magister, veterano observador vaticano, apunta que las reformas al derecho canónico, especialmente las introducidas en diciembre de 2021, han sido duramente criticadas por socavar el debido proceso. Expertos señalan que sustituir los procedimientos judiciales por procedimientos administrativos acelerados, decididos por decreto, compromete las garantías fundamentales del acusado. Además, destacan dos graves deficiencias: la posibilidad de suspender la prescripción, lo que permite el enjuiciamiento de delitos cometidos hace décadas, como en el caso Rupnik, y la aplicación retroactiva de normas desfavorables que no existían cuando se cometieron los presuntos delitos. Este castigo más severo, lejos de garantizar la justicia, parece responder principalmente a la presión pública en torno a los abusos sexuales, lo que genera el riesgo de arbitrariedades y desequilibrios en el sistema penal eclesiástico.
Para Magister, el caso no es una mera disputa individual, sino un síntoma estructural: el sistema judicial vaticano carece de los elementos constitutivos de un Estado de derecho moderno: verdadera independencia judicial, separación de poderes y control institucional eficaz. En opinión de Magister, el juicio a Becciu no sería tanto una purga moralizadora como una demostración del poder del Papa, que se extiende más allá de la esfera eclesiástica al control del Estado de la Ciudad del Vaticano. En este punto, el juicio del cardenal se convierte en un escenario simbólico para afirmar una autoridad plena que desafía los límites tradicionales y jurídicos.
El análisis de Magister encuentra ecos y contrapuntos en fuentes católicas, especialmente en la forma en que los defensores de Becciu y los teóricos del Derecho Canónico denuncian las fallas procesales que, según ellos, socavan la credibilidad del sistema vaticano y la reputación de la Ciudad-Estado a nivel mundial. Un ejemplo reciente es el libro Il proceso Becciu. Un’analisi critica, escrito por Geraldina Boni, Manuel Ganarin y Alberto Tomer, que destaca “anomalías procesales que socavarían la confianza en el foro vaticano” y perjudicarían el debido proceso. La obra advierte sobre la discriminación entre el Derecho Canónico marginalizado, y el Derecho Vaticano, que se aplica con una prioridad casi autocrática, rompiendo una coherencia normativa esencial para la legitimidad interna del sistema judicial de la Santa Sede.
Otro punto destacado en la crítica católica es la posibilidad de que las cláusulas contractuales que estipulan la jurisdicción vaticana pierdan validez internacional si se demuestra que esta jurisdicción no ofrece imparcialidad ni seguridad jurídica. Esto afecta el prestigio financiero y diplomático de la Santa Sede.
En el plano concreto, cabe recordar que el Tribunal de Apelaciones del Vaticano confirmó las sentencias absolutorias de 2023 de Becciu en ciertos casos, argumentando que el recurso de apelación del fiscal era inadmisible por razones de forma y fondo. La crítica católica también destaca episodios de reticencia procesal: por ejemplo, la defensa de Becciu solicitó a Alessandro Diddi que se retirara como fiscal debido a mensajes privados que indicarían un interés personal en el proceso. El presidente del tribunal de apelaciones, al acceder a esta solicitud, transfirió la decisión a la Corte de Casación, cuyo panel fue formado por cardenales poco familiarizados con el derecho. En paralelo, el propio recurso de Diddi fue rechazado —debido a redacción defectuosa, lo que lo hizo inadmisible—, lo que resultó en la confirmación de algunas sentencias absolutorias contra su voluntad.
Desde la perspectiva de la defensa y de comentaristas católicos, estos episodios refuerzan la percepción de desequilibrio y de un “juicio parcial”. La transparencia, a menudo anunciada, se cuestiona cuando partes centrales del proceso —grabaciones, delaciones, reglas de recurso— están sujetas a decisiones internas opacas. Becciu, por su parte, responde a las críticas afirmando que reconoce los esfuerzos informativos de los canales vaticanos, pero se reserva el derecho a discrepar de la narrativa oficial sobre un “proceso justo”.
Los desafíos que aguardan a León XIV
Para el nuevo pontificado, el “juicio del siglo” se convierte en un espejo capaz de reflejar la credibilidad o la ruina institucional. Aunque León XIV aún no se ha pronunciado directamente sobre el caso Becciu, su decisión sobre cómo conducir el proceso será un preanuncio de cómo pretende articular autoridad y justicia.
Si León XIV mantiene la línea maximalista de centralización papal, podría reforzar el sistema de control absoluto que denuncia Magister. Sin embargo, si permite que los órganos judiciales alcancen autonomía y tomen decisiones basadas plenamente en las garantías procesales podría empezar a revertir el debate interno de legitimidad.
El riesgo de una “judicialización externa” persiste: si los procedimientos canónicos continúan violando principios fundamentales —presunción de inocencia, derecho a la defensa e imparcialidad—, los acusados podrían buscar reparación civil, incluso fuera del contexto eclesiástico, con base en los derechos constitucionales de otros Estados. Magister prevé que esto podría llevar a la negativa a ejecutar las sentencias del Vaticano en jurisdicciones nacionales. Advierte además: si el Derecho Canónico queda relegado a un segundo plano, se convertirá en una mera fachada para las decisiones papales autocráticas, socavando la reputación moral y jurídica de la Santa Sede como actor internacional.
Otro elemento delicado será el perfil de los tribunal-custodios: la casación, encargada de decidir sobre la permanencia de promotores de justicia, fue confiada a cardenales “completamente ajenos al derecho”, según reportajes, lo que ante León XIV podría representar la continuidad de jueces simbólicos y no técnicos. Un nuevo papa podría reconfigurar esto, eligiendo magistrados con un perfil jurídico más sólido.
Finalmente, existen renovadas expectativas sobre cómo León XIV gestionará las reformas en el derecho procesal eclesiástico, incluyendo los casos de abuso sexual. Si logra restablecer un equilibrio entre la protección de las víctimas y el respeto a los derechos de los acusados, podría revitalizar el “proceso justo” en la Iglesia. Este desafío podría requerir una aplicación aún más profunda de su experiencia jurídica.
El juicio de Becciu y el incisivo análisis de Magister plantean a León XIV una encrucijada: asumir una ‘mano pesada’ en un contexto moderno o restaurar la credibilidad jurídica del Vaticano como un Estado que respeta sus propias leyes y está blindado de los excesos de un soberano. Si opta por la segunda vía, se enfrentará no solo a jueces internos y a la resistencia de la curia, sino también al espejo crítico de comentaristas atentos. Si prefiere reforzar el absolutismo, corre el riesgo de que “el juicio del siglo” se convierta en sinónimo de un juicio a la propia reputación de la Santa Sede.
En última instancia, Magister y sus críticos católicos coinciden en una cosa: que el punto de inflexión reside en la autoridad atribuida al papa, pero difieren profundamente sobre los límites de dicha autoridad. Será León XIV quien decida si será el juez supremo y universal o el guardián de la justicia en el territorio que domina. La fase de apelación del proceso podría durar meses; sin embargo, las consecuencias podrían durar siglos.
Por Rafael Tavares
Deje su Comentario