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Parece que el Vaticano finalmente entró en la era de la responsabilidad institucional.
Foto: Wikipedia
Redacción (26/11/2025 10:08, Gaudium Press) La publicación del nuevo Reglamento General de la Curia Romana marca un giro estructural y cultural que difícilmente podrá ser revertido. La sensación dominante tras la lectura del estatuto es que la Curia, finalmente, entra en el siglo XXI, no solo con ajustes administrativos, sino con un rediseño radical de mentalidad. El texto no toca uno u otro engranaje; cambia el motor.
El primer elemento que salta a la vista es la distinción entre el Reglamento General de la Curia Romana y el Reglamento de los Funcionarios. Hasta ahora, un único documento mezclaba normas administrativas con orientaciones laborales, creando un híbrido poco funcional. El nuevo modelo separa las dos esferas: una regula la vida institucional y los procesos, la otra trata exclusivamente de contratación, evaluación, derechos y deberes de los funcionarios. La impresión es la de un ambiente mucho más profesional, similar al de las administraciones públicas modernas. Este cambio quita el último velo de improvisación que aún permanecía en el funcionamiento interno de la Santa Sede, algo que ya no combinaba con la complejidad actual de la gobernanza eclesial.
Otro punto de impacto es la cuestión lingüística. Hasta ayer, la norma era clara: los actos de la Curia se redactaban normalmente en latín. Ahora, el latín pierde la condición de idioma obligatorio y pasa a convivir en igualdad con las lenguas modernas. Ya no es más obligatorio el “buen conocimiento del latín” para trabajar en el Vaticano. Es un gesto simbólico, claro, pero con enorme peso cultural. El latín permanece respetado, pero el Vaticano reconoce que su administración es global y que no puede funcionar como si estuviera atrapada en el siglo XVI. Esto revela una apertura práctica necesaria para que los actos administrativos sean comprensibles, rápidos y accesibles en el mundo entero. Se recomienda además la traducción de los documentos importantes a las lenguas más usadas.
Toda petición debe tener trazabilidad
El estatuto también crea algo que hasta recientemente parecía impensable: el derecho de los fieles a una respuesta. Cualquier solicitud enviada a los dicasterios debe ser registrada, asignada a un responsable y respondida. El silencio burocrático, que tantas veces enmascaró presiones internas, omisiones y, en algunos casos, hasta injusticias graves, ahora da lugar a un procedimiento rastreable. Es un cambio enorme. La nueva regla marca el fin de esa cultura y representa un esfuerzo claro de rendición de cuentas. Es preciso decir que, hasta hace cierto tiempo, era práctica habitual tal respuesta, lo que acabó perdiéndose en el pontificado anterior.
Otro eje decisivo es la coordinación institucional. La Curia deja de actuar como un archipiélago de departamentos aislados y pasa a funcionar como un cuerpo coheso, con intercambio obligatorio de información, consultas internas, co-firmas e informes periódicos. Esa integración marca también el retorno de la centralidad de la Secretaría de Estado, algo que en el pontificado anterior sufrió altibajos según la visión particular del Papa. Ahora, independientemente de las preferencias personales del Pontífice, la estructura exige coordinación y ya no tolera dicasterios trabajando de forma autónoma y paralela.
Otro gran avance es la introducción de motivaciones explícitas en los actos administrativos y la posibilidad formal de recurso. Era una laguna absurda que la Curia no estuviera obligada a justificar sus actos. Ahora, toda decisión debe citar normas, presentar razones y permitir recurso interno. La creación de un registro digital centralizado, con validez condicionada a la notificación adecuada, muestra una transición hacia estándares administrativos internacionales; un cambio que rompe una cultura histórica de opacidad, reforzada más por la tradición que por la doctrina.
En la relación con diócesis, institutos religiosos y movimientos, el nuevo estatuto exige consulta previa y respeto a la autoridad local. Esto viene a corregir una práctica que derivaba tanto de hábitos como de cierta rigidez romana, la cual ignoraba circunstancias locales. Ahora, la Curia se coloca jurídicamente en el papel que la Praedicate Evangelium idealizó: servicio, no tutela.
La digitalización es una de las áreas más incisivas. El estatuto prevé sistemas digitales certificados, archivo digital, clasificación de actos sensibles en tres niveles, registro de acceso y destrucción controlada de documentos. Hace años, se decía que el Vaticano parecía administrativamente atrapado en métodos analógicos. La reforma intenta arrancar a la Curia definitivamente de recursos obsoletos.
Un punto especialmente significativo es la redefinición de la cultura del trabajo. El estatuto introduce formación continua obligatoria, evaluaciones de desempeño, reglas de integridad y declaraciones de conflicto de interés; todo esto articulado al nuevo Reglamento de los Funcionarios. Es un cambio profundo. El funcionario de la Curia deja de ser apenas un empleado de confianza institucional y pasa a ser evaluado según criterios profesionales claros.
El texto, en su conjunto, presenta una Curia que ya no es más una máquina pesada, movida por precedentes y tradiciones no escritas. Se convierte en una administración moderna, digital, profesionalizada, transparente y obligada a responder. La reforma no es cosmética. Es una refundación jurídica y organizacional. El nuevo estatuto coloca cada sector bajo normas verificables y estructuras rastreables. La Curia deja de ser interpretada y pasa a ser leída; deja de operar por tradición tácita y pasa a operar por ley.
¿Qué cambia de aquí en adelante? Cambia casi todo. Cambia el modo de decidir, de registrar, de responder, de consultar, de archivar, de coordinar, de evaluar, de contratar y de comunicar. Cambia la relación con los obispos, con los fieles, con los religiosos, con los movimientos y con el mundo. Cambia la imagen de la propia Iglesia en el campo administrativo. Parece que el Vaticano finalmente entró en la era de la responsabilidad institucional. La elección de un norteamericano para liderar el proceso se mostró acertada.
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