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El sacerdote y profesor Pierpaolo dal Corso, advierte de vacíos normativos que comprometen los derechos de los fieles en procedimientos penales eclesiásticos por falta de garantías procesales.
Foto: UNAV
Redacción (29/01/2026 10:28, Gaudium Press) En los últimos años hemos asistido a mediáticos procedimientos administrativos en el ámbito de la Iglesia que trasladan a los fieles inseguridad, especialmente los que han sido pilotados directamente por el Vaticano.
Un experto en Derecho Canónico ha defendido la necesidad de una reforma legislativa profunda del procedimiento penal extrajudicial de la Iglesia Católica para garantizar el derecho de los fieles a un juicio equitativo.
Pierpaolo dal Corso, profesor de la Facultad de Derecho Canónico San Pío X de Venecia, realizó esta advertencia durante la conferencia del Día del Patrón de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, celebrada el pasado 22 de enero en Pamplona.
El canonista subrayó que, pese a los avances introducidos por la reciente reforma del derecho penal canónico en el plano sustantivo, «la disciplina actualmente vigente no asegura de manera adecuada y vinculante la celebración de un proceso justo». Esta carencia genera vacíos normativos que afectan tanto a la tutela de los derechos de los fieles como a la aplicación uniforme del derecho penal eclesiástico.
Derechos fundamentales sin garantías suficientes
En su intervención, titulada ‘Justo proceso y procedimiento penal extrajudicial en la Iglesia’, Dal Corso recordó que el canon 221 §2 reconoce el derecho de los fieles a un proceso equitativo, que exige garantías como la legalidad penal, la defensa técnica, la imparcialidad del juez y la posibilidad de impugnación de las decisiones. Estas salvaguardas se cumplen en el proceso judicial, pero no en el procedimiento extrajudicial, a pesar de que este último constituye la vía más utilizada en la práctica.
El profesor alertó de que el procedimiento extrajudicial ha ganado protagonismo por su carácter administrativo y por la rapidez en la tramitación de casos reservados, aunque esto conlleva riesgos de discrecionalidad y de desigualdad en la aplicación de la ley. Según explicó, su uso frecuente no debería sustituir el proceso judicial cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales de los fieles.
Un procedimiento «híbrido» que genera riesgos
Dal Corso calificó este procedimiento como «híbrido», al confiar a autoridades con potestad ejecutiva funciones propias de un juez. El canonista advirtió del riesgo de que estas autoridades actúen «conforme a lógicas administrativas, formulando valoraciones según criterios de oportunidad y no aplicando el derecho en sentido estricto, con el consiguiente peligro para la imparcialidad del veredicto».
Esta situación plantea serias dudas sobre la seguridad jurídica y el equilibrio entre la eficacia administrativa y el respeto a los derechos procesales de los afectados en procedimientos penales eclesiásticos.
La necesidad de formación rigurosa
El profesor subrayó además la importancia de contar con personal debidamente formado y capacitado para aplicar estos procedimientos, advirtiendo que la falta de preparación puede derivar en decisiones parciales o mal fundamentadas. A su juicio, la formación rigurosa de los operadores es clave para asegurar que la discrecionalidad administrativa no comprometa el principio del justo proceso.
Dal Corso concluyó señalando que resulta «imprescindible una intervención legislativa que reforme en profundidad el procedimiento penal extrajudicial» para armonizarlo con las exigencias del derecho fundamental de los fieles a un juicio equitativo, tal como establece el ordenamiento canónico vigente.
Con información de Infocatólica / UNAV
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