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Medida que revela sobre todo transición de clima y de lenguaje.
Foto: Vatican News
Redacción (03/02/2026 11:44, Gaudium Press) La reciente noticia sobre la revocación, por León XIV, del rescripto de Francisco que retiraba subsidios habitacionales a cardenales y altos oficiales de la Curia debe ser leída con atención redoblada, no tanto por el hecho administrativo en sí, sino por lo que revela sobre la transición de clima y de lenguaje en el corazón del gobierno de la Iglesia. El episodio es pequeño en apariencia, casi prosaico, pero altamente simbólico. Y en Roma, como se sabe, los símbolos suelen hablar más alto que los decretos largos.
El rescripto de 2023 nació bajo el signo de una retórica muy propia del pontificado de Francisco. Sacrificio excepcional, Iglesia pobre, solidaridad con los necesitados, ajuste de cuentas con privilegios históricos. La decisión de cortar subsidios e imponer alquiler de mercado a cardenales y jefes de dicasterio fue presentada como un gesto moralmente edificante, casi pedagógico. El problema nunca fue el contenido, sino el contexto y el método. La medida afectó a un grupo reducido, altamente visible, y lo hizo sin transparencia comunicativa, fuera de los canales ordinarios del boletín oficial, colgada en un patio interno del Vaticano como un aviso administrativo cualquiera. El gesto tenía algo de “ejemplarizante”, casi punitivo, y por eso fue leído internamente como populista.
Conforme observa Nico Spuntoni, vaticanista de Il Giornale, León XIV, al revocar el rescripto, no está simplemente devolviendo beneficios inmobiliarios. Está señalizando un cambio de clave. Los observadores aciertan al destacar que la decisión se inserta en un esfuerzo más amplio de revertir actos del pontificado anterior que generaron incomodidad dentro de la Curia Romana. El punto decisivo no es la nostalgia de un pasado confortable, sino el intento de restaurar un sentido de justicia institucional, previsibilidad jurídica y respeto a la dignidad del servicio curial.
La situación del cardenal Raymond Leo Burke se convirtió en el caso emblemático de esta política. El aumento de tres veces en el valor del alquiler de su apartamento romano, sumado a la retirada anterior de la llamada Cardinal’s Plate, fue ampliamente percibido como algo más que una medida económica. Para muchos, sonó como represalia. Independientemente del juicio personal que se haga sobre el purpurado, el problema eclesial es otro. Cuando las decisiones administrativas parecen calibradas para afectar a individuos específicos, el gobierno deja de ser pastoral y pasa a ser personalista, en el peor sentido del término.
El artículo también recuerda un aspecto frecuentemente olvidado. El rescripto no fue retroactivo y afectó de modo peculiar a cardenales recién nombrados para cargos de gran responsabilidad. Robert Francis Prevost, entonces prefecto del Dicasterio para los Obispos, nombrado pocos días antes de la entrada en vigor de la norma, pasó casi dos años pagando alquiler de mercado en Roma. Lo mismo valdría, al menos en teoría, para el cardenal Víctor Manuel Fernández, aunque en este caso específico hay indicios claros de trato diferenciado, como el propio Fernández dejó entrever con candor en sus redes sociales.
Este contraste revela una fisura interna del pontificado anterior. Por un lado, una retórica de austeridad aplicada con rigor a algunos. Por otro, excepciones concedidas con naturalidad a colaboradores cercanos, justificadas por criterios afectivos o simbólicos. No se trata aquí de moralizar la elección de una casa con vista a los jardines del Vaticano, sino de reconocer que la selectividad mina la credibilidad de cualquier discurso reformista. La austeridad, cuando no es universal y previsible, deja de ser virtud y pasa a ser instrumento de poder.
León XIV parece haber comprendido este punto desde el inicio. La revocación del rescripto no vino acompañada de discursos inflamados, ni de manifiestos ideológicos. Fue un acto sobrio, casi silencioso, pero cargado de significado. Al mismo tiempo, la decisión coincide con la disposición del nuevo Papa de trasladarse al Palacio Apostólico (más específicamente a una buhardilla del mismo), abandonando soluciones provisionales que marcaron el pontificado anterior. También aquí la señal es clara. El papado no es un gesto performático de simplicidad individual, sino una institución que exige estabilidad, claridad y continuidad.
Hay todavía un elemento eclesiológico de fondo que merece atención. La Curia Romana no es una élite mundana viviendo al margen de la Iglesia real, sino un cuerpo de servicio que, con todos sus límites humanos, garantiza la unidad administrativa y doctrinal de la Iglesia universal. Fragilizar sistemáticamente sus condiciones de trabajo, por razones simbólicas o mediáticas, produce resentimiento, inseguridad y parálisis decisoria. Los analistas mencionan el descontento interno, y esto no debe ser subestimado. Una Curia humillada tiende a volverse defensiva, burocrática y reacia a la responsabilidad.
Al revertir el rescripto, León XIV no canoniza el lujo ni rehabilita privilegios injustificados. Reconoce que el problema de la Iglesia no se resuelve con gestos punitivos dirigidos a pocos, sino con reformas estructurales que exigen tiempo, consenso y criterios objetivos. La moral cristiana nunca fue amiga del moralismo administrativo. El Evangelio pide conversión del corazón, no espectáculos de austeridad selectiva.
Hay también un dato político inevitable. El nuevo Papa gobierna una Iglesia marcada por polarizaciones profundas. Cada gesto es leído como victoria o derrota de un campo. El gesto es interpretado por algunos como un paso en el sentido de pasar la página del pontificado anterior. Esta lectura es comprensible, pero incompleta. El gesto de León XIV parece menos ideológico y más institucional. No está corrigiendo a Francisco por discrepancia doctrinal, sino ajustando un estilo de gobierno que, en varios momentos, confundió profecía con administración.
Al final, la cuestión de la vivienda de los cardenales es solo la superficie. Lo que está en juego es la restauración de un principio básico de gobierno eclesial. La autoridad no se afirma por constreñimiento público ni por sacrificios impuestos de modo asimétrico. Se sustenta en la justicia, en la previsibilidad y en el reconocimiento de la dignidad de quien sirve. Si León XIV logra mantener esta línea, incluso en decisiones más complejas y sensibles, este pequeño decreto de febrero de 2026 podrá ser recordado como una de las primeras señales de un pontificado menos teatral y más enraizado en la tradición administrativa de la Iglesia.
Roma observa. La Curia respira. Y el mundo católico, cansado de gestos simbólicos que dividen más de lo que edifican, comienza a percibir que, a veces, gobernar bien es justamente retirar un cartel del muro y devolver a la normalidad aquello que nunca debería haberse transformado en espectáculo.
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