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Estas nuevas normas del gobierno comunista señalan una escalada en el control de la Iglesia Católica, transformando a los religiosos en una especie de «funcionarios» del Estado.
Redacción (12/02/2026 11:27, Gaudium Press) China implementó nuevas reglas internas rigurosas que intensifican el control estatal sobre el clero católico, extendiendo a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas el mismo sistema de restricciones de salida del país ya aplicado hace años a funcionarios del gobierno, cuadros del Partido Comunista Chino (PCCh) y ejecutivos de empresas estatales.
Estas normas, aprobadas el 16 de diciembre de 2025 durante una reunión conjunta de la Asociación Patriótica Católica China (APCC) y la Conferencia de los Obispos de la Iglesia Católica en China (CBICC) — ambas entidades controladas por el Estado y supervisadas por el PCCh —, determinan que todo el clero católico en territorio nacional entregue sus pasaportes, permisos de viaje para Hong Kong, Macao y Taiwán, a las autoridades chinas, que almacenarán todos esos documentos.
Nadie puede mantener estos documentos en posesión personal. Cualquier viaje al extranjero o para regiones administrativas especiales —sea por motivos pastorales, formación teológica, participación en conferencias internacionales, eventos de la Iglesia universal o razones personales— exige aprobación previa de las instancias supervisoras. Tras la liberación temporal de los documentos para obtención de visados, los religiosos deben devolverlos en hasta siete días después del regreso a China y presentar un informe escrito detallado sobre el itinerario cumplido, las actividades realizadas y las personas contactadas en el extranjero.
Alteraciones no autorizadas en el itinerario, permanencia más allá del plazo aprobado o incumplimiento de la devolución de los documentos son consideradas infracciones graves, sujetas a sanciones disciplinarias que van desde advertencias y suspensión de privilegios de viaje hasta penalidades más severas, conforme las normas religiosas estatales e internas de la iglesia oficial.
Este enfoque reproduce fielmente el mecanismo de control de salidas adoptado por el PCCh para evitar deserciones, contactos indeseados con el exterior y garantizar lealtad política. Al aplicar el mismo modelo al clero católico, el régimen trata a los religiosos como actores políticamente sensibles cuyos movimientos necesitan ser monitoreados de cerca.
Restricciones aún más duras para viajes personales
Para desplazamientos de carácter personal, las exigencias son particularmente más rígidas: el pedido debe hacerse por escrito con al menos 30 días de antelación, informando el propósito exacto del viaje, itinerario detallado, duración prevista y lista de acompañantes. El solicitante está obligado a firmar un compromiso formal de cumplir estrictamente el plan aprobado, sin desvíos o prolongaciones.
Medidas como estas eliminan prácticamente cualquier posibilidad de viajes espontáneos o informales, sometiendo hasta los contactos más personales al filtro burocrático y reforzando la desconfianza estatal en relación a cualquier interacción con el mundo exterior — sea religiosa, cultural o familiar.
Puniciones y mecanismos de fiscalización
El documento prevé un abanico de puniciones para quien incumpla: desde advertencias formales hasta la prohibición temporal o permanente de viajes, pasando por sanciones internas que pueden afectar el estatus del religioso, su nombramiento para parroquias o funciones dentro de la estructura de la Iglesia reconocida por el gobierno. Aunque no menciona explícitamente penas criminales, la mención a «disciplina severa» indica que violaciones pueden comprometer de forma duradera la actuación ministerial del religioso en el sistema oficial.
Impacto en la vida católica y en la relación con el Vaticano
Sacerdotes y fieles escuchados por fuentes independientes, como reportajes de The Epoch Times y ChinaAid, describieron las nuevas reglas como un golpe profundo en la dinámica tradicional de la Iglesia Católica, que es por esencia universal y misionera.
Un sacerdote de Shenzhen, que pidió anonimato por miedo a represalias, afirmó: “El catolicismo es una fe universal. Conferencias internacionales, cursos de teología en el extranjero y la participación de religiosas en organizaciones globales siempre fueron normales. Ahora, entregar el pasaporte parece un control total sobre nuestra vida y nuestro ministerio.”
Estas restricciones limitan interacciones internacionales que son vitales para la formación teológica, el desarrollo pastoral y la conexión de la Iglesia china con el resto del mundo católico. Programas de entrenamiento, visitas de obispos y participación en sínodos o congresos quedan condicionados a la aprobación política, lo que puede aislar aún más a la comunidad católica china.
El contexto es aún más delicado ante la relación compleja entre Pekín y el Vaticano. A pesar del acuerdo provisional de 2018 (renovado varias veces) sobre nombramientos episcopales, la Iglesia oficial continúa bajo fuerte tutela estatal, con la APCC y la CBICC actuando como instrumentos de “sinicización” de la religión — es decir, adaptación forzada a los valores socialistas y al liderazgo del PCCh.
Mientras las Iglesias “clandestinas” (leales exclusivamente al Papa y no afiliadas a la estructura patriótica) ya enfrentan represión constante, estas nuevas normas señalan una escalada en el control sobre la propia Iglesia reconocida por el gobierno, transformando a los religiosos en una especie de “funcionarios” del Estado.
En resumen, las medidas de diciembre de 2025 representan un paso más en la estrategia del régimen chino de subordinar completamente la práctica religiosa a la autoridad política comunista, limitando aún más la libertad de movimiento y de contacto del clero católico chino con el Vaticano y el mundo.
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