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Un extenso informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha revelado evidencias de una vigilancia sistemática y un sesgo institucional contra los cristianos y, específicamente, contra los católicos tradicionales durante el anterior mandato presidencial.
Redacción (30/04/2026 13:58, Gaudium Press) El Departamento de Justicia de los EE.UU. emitió recientemente el documento Eradicating Anti-Christian Bias within the Federal Government (Erradicando el sesgo anticristiano al interior del Gobierno Federal), un documento amplio, de más de 500 páginas, que marca un hito en la documentación de las tensiones entre el Estado y las comunidades de fe en el país norteamericano.
Según los datos revelados, la anterior administración estadounidense habría mantenido una política de vigilancia sobre sectores específicos de la Iglesia, situando a los católicos tradicionales en el centro de sus investigaciones. El informe expone que este grupo ha sido objeto de un escrutinio especial por parte de las agencias federales, lo que ha generado una profunda preocupación en el ámbito de la libertad religiosa internacional.
Los cinco principales hallazgos de ese estudio son los siguientes:
1. Persecución Agresiva de Manifestantes Pro-vida
Se afirma que el Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden utilizó de manera selectiva la Ley FACE (por sus siglas en inglés, Freedom of Access to Clinic Entrances Act o Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas) para procesar penalmente a manifestantes cristianos provida no violentos. Además se coordinó con ONGs del sector del aborto (como Planned Parenthood) para recopilar pruebas y expedientes personales contra activistas.
Asimismo se solicitaron sentencias significativamente más duras para los defensores de la vida (promedio de 26.8 meses) en comparación con manifestantes pro-aborto violentos (promedio de 12.3 meses).
2. Vigilancia del FBI a Católicos Tradicionales
La oficina del FBI en Richmond, Virginia, investigó y monitoreó a católicos tradicionales basándose únicamente en su afiliación religiosa y su preferencia por la Misa Tradicional en Latín. El FBI llegó a considerar a estos fieles como posibles “extremistas violentos” o terroristas domésticos debido a sus posturas sobre el aborto, la inmigración y la sexualidad humana.
3. Investigaciones del IRS a Iglesias y ONGs Cristianas
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigó a iglesias basándose en el contenido de los sermones de sus pastores y en la aplicación de enseñanzas bíblicas en la vida diaria. En un caso específico, el IRS denegó el estatus de exención de impuestos a una organización cristiana argumentando que sus enseñanzas bíblicas estaban afiliadas a candidatos del Partido Republicano.
4. Multas Exorbitantes a Universidades Cristianas
El Departamento de Educación impuso multas masivas a instituciones cristianas que superaron con creces las sanciones aplicadas en casos de agresiones sexuales graves en otras universidades. Por ejemplo, Grand Canyon University recibió una multa de $37.7 millones por cuestiones de informes de costos de matrícula. Liberty University fue multada con $14 millones bajo la Ley Clery. Como comparación, instituciones implicadas en casos de abuso sexual serial (como Michigan State por el caso Nassar) recibieron multas menores, de apenas $4.5 millones.
5. Debilitamiento de los Derechos de Conciencia
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el DOJ redujeron los esfuerzos para proteger a los trabajadores de la salud con objeciones de conciencia.
Se retiró un aviso de violación contra un centro médico en Vermont que coaccionó a una enfermera cristiana para participar en un aborto en contra de sus creencias religiosas. La administración resolvió el asunto como “asistencia técnica” en lugar de aplicar sanciones, dejando a la trabajadora sin un remedio federal efectivo.
El documento del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) desglosa cómo el marco regulatorio del gobierno ha colisionado con las convicciones religiosas. Entre las áreas de mayor conflicto —comos e vio arriba— se encuentran las normativas relativas al aborto, el acceso a la anticoncepción y las políticas de género y sexualidad humana. Regulaciones, impulsadas durante la era Biden, habrían sido diseñadas o aplicadas de una forma que, según el informe, “enfrentó a menudo al gobierno contra las instituciones religiosas”.
La vigilancia mencionada no se limitó a aspectos administrativos, sino que incluyó un seguimiento de las actividades de los fieles que se adhieren a la liturgia y tradiciones eclesiásticas más conservadoras. Los medios especializados señalan que el informe documenta un “sesgo anticristiano” latente en diversas dependencias del Gobierno Federal, sugiriendo que la fe profesada por estos ciudadanos fue vista como un factor de riesgo o un elemento a monitorear. Esta situación se contextualiza en un ambiente donde, según fuentes de opinión católica, la persecución de los católicos tradicionales ha sido una constante denunciada en los últimos años.
Además de la vigilancia directa, el informe subraya el impacto de las batallas legales en curso sobre la libertad de expresión y culto. Se menciona que existen leyes estatales y federales que atentan contra la objeción de conciencia de los cristianos, particularmente en estados como Colorado, donde el asedio a la libertad religiosa se describe como persistente. El DOJ destaca la necesidad de erradicar este sesgo institucional para garantizar que las creencias religiosas no sean penalizadas por las políticas públicas.
Un aspecto relevante del informe es el análisis de cómo estas políticas han afectado la operatividad de las instituciones católicas. El sesgo no solo se manifiesta en la vigilancia, sino también en la exclusión de científicos y profesionales católicos de organismos oficiales, como se reportó recientemente con el despido de miembros de la Junta de la Fundación Nacional de Ciencias por parte de la administración. Estos hechos refuerzan la tesis del informe sobre un entorno gubernamental crecientemente hostil hacia quienes sostienen posturas doctrinales tradicionales.
Se pone en duda la democracia y el pluralismo
El contenido de este informe del Departamento de Justicia plantea interrogantes profundas sobre la salud de la democracia y el pluralismo en los Estados Unidos. La revelación de una vigilancia dirigida específicamente contra un grupo religioso por sus convicciones litúrgicas y morales representa una desviación peligrosa de los principios constitucionales de neutralidad religiosa. No se trata meramente de diferencias en la política pública, sino de la utilización del aparato estatal —incluyendo recursos de inteligencia y seguridad— para monitorizar a ciudadanos basándose en su filiación eclesiástica.
Este sesgo documentado en el informe sobre el aborto y la ideología de género sugiere que la administración anterior priorizó una agenda ideológica sobre el respeto al derecho de libre ejercicio de la religión. Al etiquetar o monitorear a los católicos tradicionales, el gobierno parece haber intentado marginar un discurso moral que resulta incómodo para las políticas progresistas actuales. La magnitud del documento (casi 600 páginas) sugiere que las evidencias no son aisladas, sino que responden a un patrón de conducta institucionalizado que busca reformular la presencia de la fe en el espacio público.
Este tipo de acciones gubernamentales fomenta un clima de miedo y autocensura entre los fieles. La percepción de estar bajo vigilancia constante puede llevar a que las familias y comunidades se sientan «asediadas, aisladas y culturalmente denigradas», como señalan analistas del entorno conservador.
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