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El objetivo ahora del gobierno chino es controlar la memoria, establecer qué sufrimientos pueden recordarse y determinar incluso por quién se puede llorar a los muertos.
Portón de Tiananmen Foto: Wikipedia
Redacción (26/08/2026 10:24, Gaudium Press) La condena de dos activistas por haber organizado una vigilia en memoria de las víctimas de la masacre de la Plaza de Tiananmen confirma que la represión en Hong Kong ha entrado en una nueva etapa. Ya no se trata solo de impedir manifestaciones, cerrar periódicos o desarticular partidos de oposición. El objetivo ahora es controlar la memoria, establecer qué sufrimientos pueden recordarse y determinar incluso cuales muertos pueden ser llorados y cuales no.
Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan fueron declarados culpables de “incitación a la subversión” por su participación en la tradicional vigilia del 4 de junio, realizada durante décadas en el Victoria Park. Los encuentros reunían a miles de personas para recordar la represión militar promovida por el régimen chino contra los manifestantes de Tiananmen en 1989.
Las autoridades de Hong Kong sostienen que los acusados no fueron juzgados por sus convicciones políticas ni por sus críticas al gobierno. El problema, según el tribunal, radicaría en la defensa del fin de la “dictadura de partido único”, interpretada como un intento de debilitar el orden constitucional chino. Curiosamente, los propios jueces reconocieron que los activistas no presentaron un plan, un método o un cronograma para derrocar al gobierno, ni tampoco promovieron la violencia.
La subversión, por lo tanto, no estaba propiamente en los actos practicados, sino en el significado político atribuido a las palabras y a la memoria cultivada por los acusados.
Este detalle es decisivo. Cuando una vigilia pacífica pasa a ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, la legislación deja de servir únicamente para castigar acciones concretas y se transforma en un instrumento de vigilancia de las conciencias. El Estado ya no necesita probar la existencia de una conspiración. Basta con interpretar una oración, una manifestación silenciosa o una crítica pública como un intento de provocar “odio y repulsión” contra el poder.
Las condenas de Chow y Lee no constituyen un episodio aislado, sino que deben comprenderse en conjunto con la sentencia impuesta en febrero al empresario y activista católico Jimmy Lai. Fundador del periódico Apple Daily y una de las figuras más conocidas del movimiento democrático de Hong Kong, Lai recibió una pena de 20 años de prisión por conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras y publicar materiales considerados sediciosos.
Es más exacto hablar de la reciente condena de Jimmy Lai que de un arresto reciente. Se encuentra detenido desde diciembre de 2020 y ya ha pasado más de cinco años encarcelado, buena parte de ellos en aislamiento. A sus 78 años, una sentencia de dos décadas equivale, en la práctica, a una condena perpetua. Lai decidió no apelar la condena, aunque no se han divulgado las razones de esa decisión. Su caso ha recibido críticas internacionales y se ha convertido en un símbolo de la desaparición de la libertad de prensa en Hong Kong.
Lo que es peligroso para los regímenes totalitarios
Hay una línea clara que une a Jimmy Lai, la vigilia de Tiananmen, el arresto de líderes políticos y la creciente presión sobre sacerdotes y obispos. Todos representan formas de organización social que no dependen del Partido Comunista Chino. Un periódico independiente, una asociación de familiares de víctimas, una comunidad parroquial o un grupo que se reúne para rezar poseen algo que los regímenes de inspiración totalitaria consideran peligroso: vínculos personales e institucionales que no fueron creados por el Estado.
La cuestión no es simplemente saber si esos grupos promueven una revolución. Lo que incomoda es el hecho de que conserven una autoridad moral propia. Jimmy Lai no disponía de armas ni comandaba un ejército. Poseía un periódico, convicciones religiosas y contactos internacionales. Los organizadores de la vigilia de Tiananmen no presentaban un programa militar; mantenían viva una memoria que el régimen desearía borrar.
En este contexto, la presión ejercida sobre miembros del clero católico adquiere un significado especialmente preocupante. Según el medio The Pillar, el obispo auxiliar Joseph Ha Chi-shing fue detenido recientemente por agentes de inmigración cuando viajaba de Hong Kong a Macao, aunque posteriormente se le permitió ingresar al territorio. Sacerdotes asociados a la antigua vigilia de Tiananmen estarían siendo sometidos a abordajes y detenciones similares.
Las autoridades pueden presentar cada episodio como un procedimiento administrativo sin mayor importancia. Sin embargo, la repetición de estas medidas produce un efecto perfectamente calculado. No es necesario arrestar a todos los curas ni cerrar inmediatamente todas las iglesias. Basta con demostrar que los desplazamientos son monitoreados, que determinados contactos tienen consecuencias y que cada homilía o manifestación pública podrá ser examinada a la luz de la seguridad nacional.
Divergencias entre cardenales
Es también en este ambiente en el que deben evaluarse las divergencias entre los cardenales Stephen Chow y Joseph Zen. Chow procura mantener abiertos los canales con Pekín y se ha convertido en un importante defensor del acuerdo provisional firmado entre la Santa Sede y China. Su estrategia parece basarse en la convicción de que la Iglesia podrá conservar cierto espacio pastoral si evita enfrentamientos públicos y construye gradualmente una relación de confianza con las autoridades.
Zen considera que esa esperanza es peligrosamente ingenua. Para el obispo emérito de Hong Kong, las concesiones hechas al gobierno chino no aseguran una mayor libertad a la Iglesia, sino que facilitan la progresiva sumisión de las estructuras católicas a los intereses del Partido.
The Pillar afirma, citando fuentes anónimas, que durante la visita ad limina de los obispos de Hong Kong y Macao en junio, Chow habría manifestado al Cardenal Pietro Parolin su preocupación por las posiciones de Zen y del arzobispo Savio Hon Tai-Fai. Según esas fuentes, ambos estarían intentando debilitar la autoridad de Chow y el protocolo sino-vaticano. Se trata de una información grave que, al depender de relatos no confirmados oficialmente, debe presentarse con cautela.
Aun así, la situación revela una división pastoral real. Por un lado, se encuentran aquellos que creen que es posible administrar la presión política mediante la prudencia diplomática; por el otro, están quienes temen que cada silencio sea interpretado por el régimen como una autorización para avanzar un poco más.
El problema de la estrategia de acomodación es que los acontecimientos parecen demostrar que Pekín no retribuye necesariamente los gestos de buena voluntad. Mientras representantes eclesiásticos defienden el diálogo, un cardenal de 94 años como Joseph Zen continúa sometido a restricciones judiciales; un laico católico como Jimmy Lai recibió una pena de 20 años; un obispo auxiliar es retenido en una frontera; varios sacerdotes son molestados y las vigilias pacíficas pasan a ser clasificadas como subversivas.
Diplomacia y persecución
Esto no significa que la Santa Sede deba abandonar toda negociación. Una ruptura podría agravar aún más la situación de los católicos, especialmente en el territorio continental. La diplomacia existe precisamente para lidiar con interlocutores difíciles. Pero el diálogo deja de ser prudencia cuando impide que se reconozca públicamente la realidad.
También sería injusto reducir a Jimmy Lai a una pieza de la disputa diplomática entre el Vaticano y Pekín. Su importancia se deriva justamente del hecho de ser un laico católico que asumió personalmente las consecuencias de sus elecciones. Él podría haber dejado Hong Kong, pero se quedó. Su situación revela que la persecución a los cristianos no siempre comienza con la prohibición de la Misa o con la retirada de las cruces. Puede comenzar con la criminalización de la libertad de prensa, de la asociación civil y de la memoria histórica.
La promesa de “un país, dos sistemas” ofrecía a Hong Kong un régimen distinto al vigente en la China continental. Hoy, esa distinción sobrevive cada vez más como una fórmula jurídica. La Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020, permitió que actividades antes protegidas fueran reinterpretadas como amenazas existenciales al Estado. La condena de los organizadores de la vigilia de Tiananmen muestra hasta dónde puede llegar esa lógica: pedir el fin del monopolio político, incluso sin violencia, pasa a ser prueba suficiente de subversión.
La pregunta más incómoda para la Iglesia no es si el cardenal Chow conseguirá navegar por este ambiente, sino cuánto quedará de la libertad religiosa al final de la travesía. En Hong Kong, el gobierno ya ha demostrado que no necesita cerrar las iglesias para neutralizar la presencia católica. Puede permitir que permanezcan abiertas, siempre y cuando sean progresivamente privadas de la capacidad de recordar, denunciar y formar conciencias libres.
Cuando encender una vela por Tiananmen se convierte en un delito y un periodista católico recibe una sentencia que probablemente consumirá el resto de su vida, la persecución ya no está llamando a la puerta de la Iglesia. Ha entrado, se ha sentado en el primer banco y espera, en silencio, para saber si alguien tendrá el valor de mencionarla en la homilía.
Por Rafael Ribeiro
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