Obispos de Filipinas reafirman su oposición a proyecto de ley antinatalista

Manila (Viernes, 23-11-2012, Gaudium Press) La Iglesia Católica en Filipinas libra una de sus más significativas luchas en años, al debatirse en el Parlamento un proyecto de ley que busca fomentar de manera agresiva el uso de anticonceptivos a través de cambios en la educación y la provisión obligatoria de dichos productos a través del sistema de salud. Pese a los cambios introducidos en el texto de la ley que buscaban acallar las fuertes críticas, los Obispos reiteraron su posición: «Pese a algunas correcciones buenas, esta última versión sigue siendo nociva porque sus malas providencias siguen estando ahí», expresó Mons. Gabriel Reyes, Obispo de Antipolo.

Mons. Gabriel López, Obispo de Antipolo, anunció la continuidad de la oposición de la Iglesia al proyecto de ley de Salud Reproductiva.

Mons. Reyes, quien es el Secretario de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, manifestó que la Iglesia no acepta como corrección el hecho de que el acceso gratuito a los anticonceptivos sea limitado ahora a poblaciones pobres y antes se propuesto para toda la población. «La promoción de la anticoncepción es una parte esencial de esta versión», explicó. «Lo que está mal es promover la anticoncepción y dar contraceptivos gratis sin importar que sea a los ricos o a los pobres».

El Obispo también aclaró que las manifestaciones de la Iglesia sobre la inconveniencia de la ley están motivadas en la misión de guiar a la sociedad hacia la búsqueda del bien. «Quisiéramos reiterar que nuestro objetivo en objetar la ley es proteger no sólo el bienestar de los católicos, sino el bienestar de todos, católicos o no». Según el prelado, «la historia ha probado que la anticoncepción trae daños físicos y morales», por lo cual la Iglesia de Filipinas no cambiará su posición.

Grupos ciudadanos se suman al rechazo de la iniciativa.

Un grupo de once organizaciones que promueven la defensa la vida y la familia en Filipinas respaldaron esta decisión de los Obispos con un comunicado en el cual denuncian los puntos específicos por los cuales los ciudadanos también se oponen al proyecto legislativo. La declaración afirma que la mencionada ley «es en realidad una medida de control de la población» que cual afecta el desarrollo mismo del país. También denuncia que el enfoque antinatalista «culpa a los sectores marginados de los males económicos de nuestro país», y que propone como solución arrebartarle a esa población el derecho a tener hijos.

Los ciudadanos han manifestado multitudinariamente su rechazo a la iniciativa legal de imponer la anticoncepción.

Las organizaciones también afirmaron que el proyecto desconoce el derecho a la objeción de conciencia y la libertad religiosa, ya que obliga a los objetores «bajo pena de prisión, a referir la persona a otro proveedor de servicios de salud que esté dispuesto a prestar el servicio». Esto, denunciaron, significa «hacerlos cómplices de lo que sus creencias pueden considerar como un acto pecaminoso». Además, los cambios propuestos en el sistema educativo obligan a los padres a renunciar «a su derecho constitucional a educar y desarrollar el carácter moral de sus hijos».

La norma también viola el derecho a la libertad de expresión, afirman, ya que «fuerza a los proveedores de servicios de salud a hablar en favor de la anticoncepción» y atenta contra la unidad familiar, ya que los procedimientos anticonceptivos pueden ser realizados «a pesar de la objeción y protesta del (o la) cónyuge». Todas estas medidas contradicen la supuesta intención de «ofrecer alternativas de elección» y fomentan la «premisa implícita de que el embarazo es una enfermedad», denunciaron las organizaciones.

Los grupos firmantes aseguraron que una ley de estas características sólo beneficiaría a la industria de la anticoncepción y a los grupos de interés que actúan en contra de la cultura y voluntad de los ciudadanos. «En lugar de permitir que un programa extranjero de control poblacional divida la nación y disipe nuestros recursos», propusieron las organizaciones, «unámonos en buscar un plan de desarrollo genuino que lleve a nuestro país a nuevas alturas económicas y preserve las libertades y valores filipinos heredados de nuestros ancestros y ganados con la sangre de los mártires».

Con información de CBCP News.