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Ciudad del Vaticano (Miércoles, 09-01-2019, Gaudium Press) Entre los días 6 de noviembre y 25 de diciembre, día de Navidad, más de mil edificios destinados al culto cristiano fueron cerrados por las autoridades angoleñas.
El gobierno angoleño consideró estos lugares de culto como pertenecientes a sectas religiosas no autorizadas.
Nuevos Procedimientos
La decisión sigue a la aprobación de una nueva ley que exige el registro de esos lugares junto al gobierno con la firma de por lo menos cien mil fieles.
De acuerdo con los nuevos procedimientos para la creación y modificación de institutos religiosos, todas las religiones deben buscar los Ministerios de la Justicia y de la Cultura para registro y reconocimiento legal.
100 mil Fieles… ¿Persecución Religiosa?
La regla más difícil de ser cumplida por las religiones, entretanto, es la obligatoriedad de «tener un mínimo de cien mil miembros y estar presente en por lo menos 12 de las 18 provincias del país».
Esos requisitos implican en la prohibición del registro de minorías religiosas, cualquiera que ella sea.
Según fuentes de L’Osservatore Romano, el director nacional de asuntos religiosos del Ministerio de Cultura de Angola, Francisco de Castro Maria, busca justificar la actitud gubernamental afirmando:
«Más de 50% de las iglesias en nuestro país son extranjeras, venidas principalmente de la República Democrática del Congo, Brasil, Nigeria y Senegal».
Para el director del órgano gubernamental angoleño, «La adopción de esa nueva disposición es el resultado de un largo proceso de lucha contra el establecimiento de nuevas sectas religiosas en Angola, que comenzó en 2013. En aquella época, el país tenía cerca de novecientas nuevas iglesias. De esas, apenas ochenta y tres fueron oficialmente reconocidas por el Ministerio de Cultura y autorizadas a realizar sus actividades».
Prisiones
Además del cierre de los lugares de culto para el culto religioso, once dirigentes de iglesias cristianas fueron detenidos en Cabinda por la policía nacional por «desobediencia».
De acuerdo con declaración emitida por el comando policial provincial, esos dirigentes fueron presos durante operaciones realizadas entre los días 16 y 23 de diciembre.
«De una manera deliberada y repetitiva, ellos reabrieron sus iglesias mientras estaban cerradas». «Actuaron contra la ley «, explica el comunicado del comando policial para justificar las prisiones y también las demoliciones. (JSG)
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