San José (Martes, 11-06-2019, Gaudium Press) Un proyecto de ley introducido en Costa Rica emula las polémicas propuestas que amenazan el secreto de Confesión en Australia y el estado de California en Estados Unidos. La iiciativa propone incluir a los sacerdotes y líderes religiosos en la lista de personas obligadas a denunciar cualquier delito de abuso, maltrato o negligencia en perjuicio de menores de edad. La norma propuesta no incluye una excepción para los delitos conocidos a través de la Confesión sacramental.
El Sacramento de la Penitencia se ha convertido en el máss reciente frente de batalla en favor de la libertad religiosa. |
«El sigilo no se debe violar, no se debe revelar lo que se ha dicho en la confesión», afirmó el Arzobispo de San José, Mons. José Rafael Quirós, según informó CRHoy. Por su parte el canciller de la Diócesis de Alajuela, P. Sixto Varela, indicó que los sacerdotes están preparados a enfrentar las consecuencias de mantener su negativa a obedecer una ley de este tipo. «Los sacerdotes tenemos que estar dispuestos a todo, hasta a morir por guardar el secreto de confesión», declaró a la emisora Monumental. «Y uno en la actualidad tiene que estar dispuesto a eso, incluso a dar la vida si fuera el caso, o tener que ir a la cárcel o pagar una multa o lo que sea por salvaguardar la santidad del sacramento».
Otros sacerdotes contactados por los medios de comunicación explicaron que los presbíteros sí están dispuestos a denunciar, siempre que tengan conocimiento de los hechos fuera del sacramento. En los casos en que los penitentes confiesan delitos graves como los descritos en la ley, los presbíteros intentan convencer a la persona de entregarse a las autoridades y reparar los daños causados. De igual manera, cuando la víctima es quien confiesa los hechos, los sacerdotes están preparados para ofrecer consejo y motivarla a relatar los hechos a una persona de confianza de forma que se detengan las agresiones.
Además de la obligación de denunciar, la propuesta busca eliminar una excepción mediante la cual los ministros religiosos pueden evitar comparecer como testigos. Los sacerdotes que se nieguen a comparecer tendrían que argumentar su objeción ante los jueces, quienes podrían decidir si reconocer o no la reserva y tendrían la facultad de ordenar su declaración obligatoria.
Con información de CRHoy y Monumental.
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