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Asunción (Viernes, 06-11-2009, Gaudium Press) Los pastores reunidos en la asamblea plenaria número 186 analizaron la situación que atraviesan las comunidades indígenas Ka’a guy Roky, Loma Tajy, Ka’a Poty y Ka’aty Miri / Formosa, del distrito de Itakyry, Alto Paraná, sobre quienes pesa una amenaza de desalojo de sus tierras ancestrales. Han decidido brindarles adhesión y apoyo en lo que tiene que ver con sus derechos humanos fundamentales. Señalaron que los nativos tienen los títulos y medidas cautelares que les favorecen, y en esas condiciones «el desalojo sería un atropello a sus derechos como pueblo».
Según los antecedentes, en los años 1996 y 1997, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) adquirió una superficie de 2.638 hectáreas, cuyas fincas son las 1.584 y 1.709, que fueron debidamente inscritas en la Dirección General de los Registros Públicos.
Así mismo, agregaron que en sus territorios ancestrales, los miembros de las comunidades mencionadas, fueron perturbados en sus derechos consuetudinarios, constitucionales y fundamentales.
Igualmente, denunciaron que terceros con grandes intereses económicos -bajo el amparo ilegítimo de determinadas autoridades del Ministerio Público de la zona y algunos políticos- pretenden apropiarse de las tierras pertenecientes al Estado paraguayo, asiento de las comunidades mencionadas, intentando despojar de las tierras en las que los mismos tienen su hábitat natural.
Los pastores citaron la Constitución, leyes y convenios internacionales que protegen a los nativos. Existen, además, denuncias presentadas por las comunidades respectivas ante la Cámara de Senadores, así como ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sobre los reiterados intentos de despojo de sus territorios por parte de terceros extraños, sin que las mismas se hayan tenido en cuenta.
También cuestionaron la convocatoria que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, durante la cual su presidenta (Ana María Mendoza de Acha) exigió al viceministro de Seguridad (Carmelo Caballero) agendar el desalojo de los indígenas de sus territorios ancestrales, a pesar de la existencia de resoluciones judiciales que protegen sus derechos.
«De llevarse a cabo dicho procedimiento, con toda seguridad el desalojo sería un atropello y violación de los derechos de los pueblos indígenas, que significaría la migración masiva de los mismos hacia las ciudades, y que podría derivar en una nueva demanda internacional contra el Estado paraguayo», expresaron los obispos en el comunicado.
Por todo lo expuesto, los pastores católicos se manifiestan a favor de los más desprotegidos, y solicitan al Gobierno precautelar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y poner freno a las fuertes presiones económicas y políticas existentes.
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