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Bogotá (Martes, 24-05-2011, Gaudium Press) Con el propósito de reforzar el dinamismo de las relaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia con las instituciones del Estado fue creada recientemente la Oficina para las Relaciones con los Organismos del Estado.
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Para dirigir esta oficina fue nombrado Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal para las Relaciones con los Organismos del Estado el reverendo Padre Pedro Mercado Cepeda, joven sacerdote colombiano, originario del municipio de Sabanalarga (Atlántico), que había ejercido su ministerio sacerdotal como diplomático de la Santa Sede en la República Democrática del Congo, Libia y Malta.
Gaudium Press conversó con el sacerdote, quien habló sobre las iniciativas y funciones que se ejercerán desde esta Oficina.
Gaudium Press (GP): ¿Por qué el mantener relaciones con un Estado que se define aconfesional?
Por una exigencia de la laicidad y de la misma aconfesionalidad del Estado. En Colombia, por Ley, el Estado debe mantener relaciones de colaboración y de respeto con la Iglesia Católica y con todas las confesiones religiosas en un ámbito de plena igualdad. Se trata de una exigencia de la Ley Estatutaria de Libertad religiosa, la Ley 133 de 1994. En buena hora, con el Concilio Vaticano II y con la Constitución del 91, la Iglesia en Colombia pudo deshacerse del vetusto título de «religión oficial».
Nuestro país es aconfesional pero, como afirma la citada Ley, eso no significa que nuestro Estado sea ateo, agnóstico o indiferente frente a las creencias religiosas de sus ciudadanos. Todo lo contario: nuestras leyes valoran positivamente la religión y su misión en el ámbito público y establecen amplios espacios de colaboración entre la Iglesia, las confesiones religiosas y el Estado en la búsqueda del bien común de la Patria.
GP: ¿Por qué surgió la iniciativa de crear una Oficina para las Relaciones con el Estado?
Las últimas Asambleas del Episcopado Colombiano han analizado en profundidad la realidad del país en sus diversas facetas, también en el ámbito sociopolítico. Para dar respuesta a muchos desafíos señalados por ese análisis, los Obispos vieron la necesidad de reforzar sus relaciones con los Organismos del Estado y su proyección evangelizadora en el ámbito público.
Contemporáneamente, algunas instituciones estatales, con las que colaboramos intensamente, manifestaron la necesidad de contar con un enlace en el seno del Episcopado. De la providencial convergencia de estas necesidades surgió esta oficina. Una cosa es necesario subrayar: con esta oficina no se busca poder. La Iglesia colombiana no pretende imponer sino servir, colaborar, proponer y dialogar.
GP: ¿Pero otras confesiones religiosas no se sentirán incomodas por la creación de esta oficina?
Eso es lo que podrían pensar algunos desprevenidos que no conocen el buen talante de nuestras actuales relaciones con la mayor parte de las Iglesias y confesiones religiosas presentes en nuestro país. El trabajo del Departamento de Ecumenismo y diálogo interreligioso de nuestra Conferencia ha sido muy eficaz: se ha logrado crear, en el respeto de las diferencias, un clima de fraterna colaboración. Los más importantes líderes religiosos del país, judíos, musulmanes, ortodoxos, anglicanos, protestantes y de otras denominaciones participan activamente en nuestras iniciativas porque podría decirse que, en general, en el ámbito social compartimos criterios comunes. Toda esta dinámica quedó demostrada en el homenaje que el Congreso rindió a Juan Pablo II hace algunas semanas y al que asistieron los líderes de todas las confesiones religiosas. Por otra parte, todas ellas mantienen relaciones de colaboración con el Estado en diversos ámbitos y han firmado acuerdos para tales fines.
No hay pues lugar a celos o rencillas porque el principio de igualdad ante la ley se ha respetado escrupulosamente.
GP: En el momento en el cual fue nombrado como Secretario Adjunto, ¿cómo tomó esta decisión?
Estaba entonces de Secretario de la Nunciatura en Isla de Malta. Me sorprendí un poco por la designación porque representaba un momentáneo cambio de vida pero, después de consultar a mis superiores, acepté con agrado confiado en la Providencia.
GP: Al iniciar este cargo ¿Qué iniciativas se van a realizar y se vienen realizando?
Primero que todo hay que decir que las relaciones de la Conferencia con los Organismos del Estado no son cosa de ayer. No nacen con esta oficina. Han sido muy intensas y han evolucionado a lo largo del tiempo. Estamos en los inicios de un proceso.
Por el momento, los Obispos han querido dar continuidad a sus tradicionales ámbitos de colaboración con el Estado. No hay pues grandes novedades de fondo, ni las habrá en el futuro, porque nuestro trabajo es fundamentalmente dar continuidad al buen trabajo que se ha venido realizando. En ese ámbito de continuidad, como iniciativas, puedo mencionar la contribución de la Iglesia en todo lo relacionado con la creación de una política pública en favor de las víctimas de la violencia, el apoyo ofrecido a las instituciones del Estado para hacer frente a la emergencia invernal, los múltiples proyectos de formación ética y humanista para los funcionarios públicos, etc.
GP: ¿Cuál ha sido la participación de la Iglesia en el Proyecto de ‘Ley de Víctimas’ que está por ser aprobado en el congreso?
La Iglesia comenzó a trabajar con las víctimas de la violencia en el país desde hace varias décadas, cuando nadie hablaba o se ocupaba de ellas. La Pastoral Social del Episcopado realizó con ellas un trabajo enorme. Nuestras comunidades fueron particularmente sensibles al drama de estas personas. Por eso hay una buena experiencia en ese campo. Se nos pidió que pusiéramos a disposición de los organismos estatales esta experiencia, nuestros estudios y nuestros expertos. Nuestros expertos de la Conferencia han seguido el desarrollo del proyecto de Ley de Víctimas, presentando incluso algunas observaciones puntuales.
Esta colaboración no ha pretendido apoyar posturas políticas, ha sido abierta a la pluralidad: se ha tratado más bien de definir un horizonte para ese proyecto. Un horizonte que para nosotros es el perdón y la reconciliación. Por eso nuestra Pastoral Social ha anunciado la realización, el próximo mes de agosto, de un gran Congreso Nacional de Reconciliación que abordará el tema de la reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras. Seremos así pioneros en la socialización de la nueva Ley.
GP: ¿Hay algún punto de referencia en otras Conferencias Episcopales del mundo donde también exista una Oficina para las Relaciones con el Estado?
No creo equivocarme al decir que, con la apertura de esta oficina, el Episcopado colombiano ha sido pionero. Ciertamente, todas las Conferencias Episcopales del mundo mantienen relaciones de colaboración con los organismos del Estado. El aporte colombiano es la institucionalización de esas relaciones. La nueva estructura está dotada de una metodología, de unos objetivos, de unas líneas de acción y de unos procesos. Todo ello, creo y espero, aportará mayor dinamismo a nuestro trabajo.
GP: En su concepto ¿Cómo debe ser esa relación entre Iglesia y Estado?
La relación debe ser de gran respeto a la independencia y a la autonomía de la Iglesia frente al Estado y viceversa. Solo así puede darse una verdadera y fructífera colaboración. Por eso hay que distinguir bien la naturaleza y los ámbitos de acción propios de la Iglesia y del Estado para evitar odiosas confusiones. Por eso siempre digo que la Iglesia es la primera interesada en que sea conocida y respetada la naturaleza propia del Estado en materia religiosa, su laicidad y su aconfesionalidad, como vienen actualmente definidas por la Constitución y las Leyes de la República. Ese es el marco de nuestro servicio de colaboración con el Estado y lo respetaremos escrupulosamente.
Gaudium Press / Sonia Trujillo
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