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Washington (Martes, 21-02-2012, Gaudium Press) Un fuerte debate sobre la violación de la libertad religiosa por parte de un mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) se agudiza y sacude el ambiente político previo a las elecciones norteamericanas. Ni siquiera la intervención del presidente Obama, prometiendo una «acomodación» posterior a su aplicación para los empleadores religiosos sin ánimo de lucro, pudo acallar el debate. Antes bien, la confusa respuesta del gobierno a las fundamentadas críticas de la Iglesia ha sido calificada como una maniobra de distracción. Ante la imposibilidad de hacer cambios en el mandato, la oposición se concentra en la aprobación de un proyecto en el Congreso que proteja la libertad de conciencia.
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| El Card. Dolan dijo que «nunca antes el gobierno federal ha forzado a individuos y organizaciones a ir al mercado y comprar un producto que violenta su conciencia» |
La polémica norma que ha provocado el rechazo generalizado tiene su origen en el nuevo sistema de salud promovido por el presidente Obama, que obliga a los empleadores a contratar seguros que den cobertura en salud a sus empleados y que tendría como objetivo un acceso más amplio a los servicios médicos. En agosto de 2011, la HHS expidió una norma que obligaba incluir dentro de la cobertura los anticonceptivos, la esterilización e incluso algunos fármacos con efectos abortivos. Para frenar el esperado rechazo, la medida establecía una excepción para los empleadores religiosos sin ánimo de lucro, quienes en teoría tendrían la libertad de ofrecer o no estos «servicios» en su cobertura.
Esta excepción probó ser totalmente insuficiente, ya que excluye a cualquier ciudadano no religioso y a todo tipo de organizaciones religiosas que no se ajusten al estrecho margen aprobado. Como ejemplos notables se incluyen los hospitales, escuelas, aseguradoras, y cualquier tipo de empresa u obra social cuya actividad escape a las excepciones aprobadas. «Todos tenemos una conciencia, no sólo los empleadores religiosos», afirmó el padre Frank Pavone, director de Priests for Life (Sacerdotes por la Vida), «esta es la razón por la cual el mandato debe caer y ser declarado inconstitucional». El 20 de enero de 2012, cuando se esperaban cambios de fondo, se anunció simplemente un año de prórroga para la aplicación de esta norma a los mismas organizaciones cubiertas por la excepción.
Firme Oposición
Frente a esta imposición, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) recordó en un comunicado del pasado 10 de febrero dos serias objeciones que suficientes para retirarla: Los servicios de salud tienen por objeto prevenir las enfermedades y el embarazo no es una enfermedad. «Más aún, obligar a los planes a incluir fármacos abortivos viola las leyes federales sobre conciencia. Por este motivo solicitamos la derogación completa del mandato». La segunda objeción es que la norma «impondría una carga de un alcance y severidad sin precedente a las conciencias de quienes consideran inmorales estos ‘servicios’: aseguradores forzados a suscribir pólizas incluyendo esta cobertura; empleadores y escuelas obligadas a patrocinarla y subsidiarla; y empleados individuales y estudiantes forzados a pagar aportes para esta cobertura», concluyen los obispos.
«Es una jugada sucia, bajo todos los parámetros», afirmó el Cardenal Timothy M. Dolan, presidente de al USCCB, en una alocución especial en video. «Nunca antes el gobierno federal ha forzado a individuos y organizaciones a ir al mercado y comprar un producto que violenta su conciencia», concluye el purpurado. En la misma línea, se expresó el obispo de Bridgeport y secretario del Comité Ad Hoc de Libertad
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| Mons. Lori, obispo de Bridgeport, preside el Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Americana |
Religiosa, Mons. William Lory.
Promesas inciertas
En una rueda de prensa realizada el día 10 de febrero, el presidente norteamericano Barack Obama, hizo un anuncio que se esperaba pusiera fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica y otros opositores del mandato. En lugar de revocar la medida, Obama se limitó a anunciar que la obligación de ofrecer los anticonceptivos, esterilizaciones y abortivos no recaería sobre las instituciones religiosas sino sobre las aseguradoras. Salvo esta aclaración el mandato continuaría sin cambios y algunas «acomodaciones» no determinadas se harían al cumplirse el año de prórroga concedido en enero.
Para la Conferencia de Obispos, esta declaración fue decepcionante: «Ha decidido mantener el mandato nacional de la HHS de incluir en la cobertura de seguros la esterilización y contracepción, incluyendo algunos abortivos. Esto no está soportado por la ley y constituye un grave problema moral», afirmaron en un comunicado oficial. Sobre los cambios de forma prometidos por el presidente, los obispos resaltaron que no tienen claridad en sus detalles: Parecen no excluir del mandato a las aseguradoras que se oponen a la medida y simplemente establecerían una declaración formal por parte de la institución religiosa, mientras que la objetada cobertura seguiría intacta como parte de la póliza del empleador, y no como una póliza separada.
Acción Legal
Ante la imposibilidad de cambio del mandato antinatalista de la HHS, la Iglesia Católica ha hecho un llamado para respaldar y promover la «Ley de respeto de los derechos de conciencia» que se tramita en el Congreso de los Estados Unidos y que cuenta con el apoyo del senador Roy Blunt y otros 36 senadores. La aprobación de esta iniciativa, como ley o como enmienda, permitiría objetar en conciencia y evitar las imposiciones del mandato. El Cardenal Daniel N. DiNardo, arzobispo de Galveston – Houston y secretario del Comité de Actividades Provida de la USCCB envió al senado las consideraciones de la Iglesia y las propuestas que podrían tratarse en el texto del proyecto para garantizar la plena protección de la libertad religiosa y de conciencia en los Estados Unidos.
La Iglesia norteamericana también convoca a la participación ciudadana de los católicos en torno al proyecto legislativo. La página web de la USCCB explica toda la problemática y provee un vínculo mediante el cual los ciudadanos pueden escribir a los senadores en apoyo de la propuesta. Sus opositores han calificado esta acción ciudadana como una intervención política. «Los obispos no están haciendo política», aclara con vehemencia el Cardenal Dolan, «ellos no escogieron esta pelea en el año electoral. Otros lo hicieron, otros tienen intereses políticos».
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