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Atlanta (Viernes, 15-06-2012, Gaudium Press) Los Obispos reunidos en la Asamblea General de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) votaron el pasado 13 junio de forma unánime su adhesión a la declaración «Unidos por la Libertad Religiosa». El texto fue redactado por el Comité Administrativo de la USCCB en marzo de 2012 y explica los motivos por los cuales la Iglesia se opone al mandato antinatalista del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.
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| Los Obispos de Estados Unidos reunidos en Asamblea General en Atlanta, Georgia. Foto: USCCB |
Los prelados trataron durante cuatro horas los problemas que ha generado a la Iglesia la decisión gubernamental de obligar a los empleadores a contratar productos y servicios contrarios a la moral católica (anticonceptivos, esterilización y fármacos abortivos) dentro de la cobertura de salud para sus empleados.
Después de la discusión, los Obispos sometieron a votación la aprobación del documento. Su aprobación unánime es una señal clara de unidad en la firme oposición que la Iglesia ha hecho al mandato, especialmente cuando las diócesis se preparan para la «Quincena por la Libertad Religiosa» (ver nota anterior).
El contenido de la declaración
«Unidos por la Libertad Religiosa» aclara la posición oficial de los Obispos sobre el mandato de la HHS en varios puntos esenciales para el debate. Los Obispos advierten que la imposición violatoria de la libertad religiosa afecta a todos los sectores de la Iglesia, no sólo al clero y la jerarquía, y también a personas de todas las religiones.
Los prelados también manifiestan que no desean imponer nada a nadie, ni prohibir legalmente la anticoncepción, ni impedir a otros ciudadanos el acceso a la misma, como acusan sin fundamento sus opositores. La Iglesia sólo pide el derecho de sus miembros a vivir según su fe y no tener que comprar un producto que atenta contra su conciencia.
Otra aclaración importante es que la oposición a la medida no es un ataque al gobierno, sino un acto de defensa. «No es una pelea que deseemos o hayamos pedido, sino que nos fue impuesta por el gobierno en su propia agenda», afirma el texto. Los Obispos no se oponen al acceso universal a la salud, ni dan a la controversia un carácter político partidista.
La declaración denuncia que el gobierno desea definir, erradamente y extralimitando sus funciones, lo que es la religión y lo que constituye un ministerio u organización religiosa. Las excepciones propuestas a la medida son insuficientes y además excluyen a muchos católicos no considerados «empleadores religiosos» en la norma.
Esto significaría la declaratoria de una clase de ciudadanos sin derecho a la libertad de conciencia, que no pueden vivir de acuerdo a su fe y sus valores morales.
La declaración termina con un llamado a los fieles católicos, y a todas las personas de fe, «a unirse en oración y penitencia por nuestros líderes y por la completa protección de nuestra Primera Libertad – la libertad religiosa».
Los prelados recordaron el carácter fundamental de esta libertad y afirmaron su esperanza en la Providencia Divina. «La oración es la fuente última de nuestra fuerza», recuerdan. «Sin Dios, no podemos hacer nada; pero con Dios, todas las cosas son posibles».
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