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Ottawa (Martes, 19-06-2012, Gaudium Press) La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB) lamentó la decisión de una juez de la Corte Suprema de British Columbia, quien declaró inconstitucionales las normas que prohiben el suicidio asistido en Canadá y le dio un año al Parlamento para volver a escribir la ley en esta materia. «La posición católica en esta cuestión es clara. La vida humana es un don de Dios», afirma el comunicado oficial de los Obispos. «Somos administradores, no propietarios, de la vida que Dios nos ha confiado. No es nuestra para disponer de ella», recordaron, citando las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica.
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En la primera respuesta oficial de la Conferencia a la decisión judicial, firmada por Mons. Richard Smith, Arzobispo de Edmonton y Presidente de la CCCB el pasado 18 de junio, la Iglesia recuerda que es un deber personal y social «responder a los sufrimientos físicos, emocionales y morales de las personas de todas las edades, particularmente los seriamente enfermos y los discapacitados».
Por este deber de atención y el carácter sagrado de la vida humana, la decisión que se tome al respecto «revela la naturaleza del corazón de nuestra sociedad». Los Obispos recordaron el cuestionamiento de la Iglesia, dirigido sobre esta misma discusión en 2005: «¿Mostramos preocupación por el enfermo, los ancianos, los discapacitados y los vulnerables a través de motivarlos a cometer suicidio o a través de matarlos deliberadamente con la eutanasia?»
La propuesta de la Iglesia es, en oposición, valorar y promover la dignidad humana, fomentando «una cultura de vida y amor en la cual cada persona, en todos los momentos y circunstancias de su vida natural, es atesorada como un don», recordó la declaración.
La Conferencia Canadiense de Obispos informó que preparará «una reflexión más elaborada» cuando evalúe el contenido del voluminoso fallo judicial, de 395 páginas de extensión. Durante el plazo dado al Parlamento para legislar en la materia, la Iglesia canadiense presentará sus objeciones a la decisión de la Corte Suprema, de acuerdo a los plazos establecidos legalmente.
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