Ciudad del Vaticano (Jueves, 19-07-2012, Gaudium Press) La completa evaluación llevada a cabo por Moneyval, la comisión del Consejo de Europa que trabaja para prevenir el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas, dio como resultado que la Santa Sede y el Instituto para las Obras Religiosas (comparado con lo que sería un banco al interior del Vaticano) son «ampliamente conformes» a las normativas europeas. Así lo anunció el pasado 18 de julio Mons. Ettore Balestrero, Subsecretario para las Relaciones con los Estados, quien participó como jefe de la delegación de la Santa Sede en la plenaria de Moneyval el pasado 04 de julio.
Moneda de dos euros de la Ciudad del Vaticano, conmemorando la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. |
La Santa Sede solicitó formalmente la evaluación a través del Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, en febrero de 2011. Esta voluntad de transparencia es para el Vaticano, más que un aspecto técnico, un compromiso moral que se expresa en «la conformidad y la puesta en marcha efectiva de los estándares internacionales», según indicó Mons. Balestrero. El Subsecretario también recordó las palabras de Benedicto XVI en diciembre de 2010, cuando el Santo Padre pidió «hacer propias» dichas reglamentaciones, que son útiles también «para el desarrollo de la propia misión».
De esta manera, la Iglesia busca dar ejemplo de responsabilidad ya que, aunque no es un centro financiero y se ocupa de obras de caridad y apostolado, «goza de una reconocida autoridad moral y está en profunda conexión con los países más próximos y con los más lejanos del mundo». En este sentido, la Santa Sede implementó la ley 127 en noviembre de 2011, que fue mejorada con base en las evaluaciones de los expertos.
La Santa Sede, además de implementar nuevas políticas de transparencia y someterse a la evaluación para identificar las mejoras necesarias para garantizar la prevención de irregularidades, también ratificó tres convenciones internacionales relacionadas: la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, la Convención de Nueva York para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 y la Convención de Palermo contra la criminalidad organizada transnacional de 2000.
Con información de Zenit
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