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Peoria, Illinois (Martes, 14-08-2012, Gaudium Press) Una nueva diócesis se sumó desde el pasado 09 de agosto a las demandas en contra del mandato antinatalista en Estados Unidos. «Como Obispo de Peoria, no puedo permanecer callado mientras el derecho de los católicos a practicar nuestra fe está siendo tan gravemente amenazado», declaró Mons. Daniel Jenky a The Catholic Post al anunciar la radicación de la demanda.
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| Mons. Daniel Jenky, Obispo de Peoria, ora durante una manifestación pública en favor de la libertad religiosa. Foto: The Catholic Post. |
Según la posición oficial de la diócesis, el cumplimiento del mandato que impone la inclusión de fármacos abortivos, procedimientos de esterilización y anticonceptivos «violenta las convicciones religiosas y morales fundamentales» de la institución. «No se trata de si la gente puede acceder a ciertos servicios», expresó la abogada Patricia Gibson, «se trata de si el gobierno puede forzar a individuos e intituciones religiosas a facilitar y financiar servicios que violentan sus creencias religiosas».
La pretensión de la demanda es que la corte declare el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos contrario a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad religiosa. La estrategia judicial es análoga a la utilizada en más de 41 procesos actuales en contra de la medida, que señalan, entre otras violaciones, la intromisión del Estado al intentar definir lo que es una institución religiosa.
Para calificar a las excepciones, las instituciones religiosas deben dedicarse exclusivamente a la evangelización, contratar sólo miembros de la propia religión y dirigir sus labores únicamente a sus fieles. Como lo lamentaba recientemente el Cardenal Timothy Dolan, la mayoría de las instituciones católicas que realizan labores tan importante como la beneficiencia, la atención en salud o la educación, no son «suficientemente católicas» para la norma (ver nota anterior). Para demostrar el cumplimiento de las condiciones, se requeriría una «investigación gubernamental intrusiva», afirman las demandas.
Mons. Jenky manifestó que la demanda es necesaria, puesto que no hay señales de que exista la voluntad política para corregir la medida. «Tengo la obligación de proteger la habilidad de la Iglesia para practicar libremente nuestra religión», declaró. «Afortunadamente, tenemos el recurso a la Constitución y la fuerte convicción de nuestros Padres Fundadores, quienes claramente intentaron mantener al gobierno fuera de los asuntos internos de la Iglesia».
Con información de The Catholic Post.
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