San José (Viernes, 14-12-2012, Gaudium Press) Los Obispos de Costa Rica realizaron una declaración «por el respeto al matrimonio y a la familia», frente a varios proyecto de ley que pretenden alterar la definición natural del matrimonio en la Asamblea Legislativa del país. En el texto, enunciaron «algunas consideraciones orientadas a la protección de la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, y a la promoción y defensa del bien común de la sociedad, de la cual, esta institución es parte constitutiva».
Los Obispos de Costa Rica exigieron el compromiso de la sociedad y el Estado en defensa de la familia. |
El documento fue publicado el pasado 12 de diciembre y fue dirigido especialmente a la Presidente de la República, los miembros del Congreso y, en general, a todos los ciudadanos de Costa Rica. En su declaración, los Obispos señalaron diez puntos esenciales que resumen la posición oficial de la Iglesia frente al debate legislativo sobre el tema.
«Vemos en el matrimonio, base esencial de la familia, un valor importantísimo», afirmaron los prelados, «que debe ser defendido de toda amenaza que ponga en peligro su solidez, su naturaleza particular, propiedades esenciales y finalidades innegables». Por este motivo, los Obispos anunciaron su oposición a las propuestas de su redefinición ya que «la legalización de éstas, deforma la percepción de los valores morales fundamentales y menoscaba la institución matrimonial, como tal».
La Conferencia Episcopal reiteró también el papel de la familia como «elemento natural y fundamental de la sociedad» y pidieron que el Estado se comprometa en su defensa, ya que «debe recibir la máxima protección, especialmente en el momento de su constitución, y durante todo el proceso del cuidado y educación de los hijos». Esta misión es una obligación básica del Estado e involucra los aspectos jurídicos y legislativos.
Los Obispos también aclararon que la protección de la familia no constituye un acto de discriminación para ningún grupo social, ya que el principio de igualdad ante la ley no implica prescindir de los elementos diferenciadores de relevancia jurídica. «La igualdad, como lo ha dicho la Sala Constitucional, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable», recordaron los prelados. Lo que sí constituiría una injusticia, afirman, sería «sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social».
Los Obispos concluyeron la declaración solicitando a las diferentes autoridades que eventualmente deben analizar y someter a aprobación los diferentes proyectos sobre el tema «a consagrarse con sinceridad, rectitud, con caridad y fortaleza a la misión a ustedes confiada por el Pueblo, a saber, legislar sobre la base de los principios éticos y en beneficio del bien común».
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