La reforma del mandato antinatalista en Estados Unidos fue insuficiente: Card. Dolan

Washington (Sábado, 09-02-2013, Gaudium Press) El gobierno de los Estados Unidos perdió una nueva oportunidad de poner fin a una duradera controversia con la Iglesia Católica sobre la financiación de los servicios de salud por parte de empleadores el pasado 01 de febrero. Las excepciones al llamado «Mandato de la HHS» continúan dejando por fuera a los empresarios católicos y hacen que los servicios moralmente objetables que causaron la controversia sigan siendo prestados. «Esperamos involucrar a la Administración, y todas las ramas y niveles de gobierno, para seguir tratando problemas serios que permanecen», advirtió el Cardenal Timothy Dolan, en una declaración oficial al respecto.

Cardenal Timothy Dolan, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

«La propuesta de la Administración mantiene su distinción inexacta entre los ministerios religiosos», declaró el prelado, quien es Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). El Cardenal señaló que ante la falta de cambios de fondo en la medida, la posición de la Iglesia sigue siendo la misma expresada por los Obispos en la declaración Unidos por la Libertad Religiosa, publicada en junio de 2012. En la declaración, los prelados manifestaron su rechazo a la norma e hicieron un llamado a la defensa pública de la libertad religiosa.

Los problemas del mandato y su reforma

El mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) incluyó en la cobertura obligatoria que los empleadores deben proveer ciertos servicios moralmente objetables (esterilización, contracepción y fármacos abortivos) que le ocasionaron la férrea oposición de la Iglesia Católica. En una primera «acomodación» se señalaron unas excepciones estrechas para instituciones religiosas que debían cumplir varios requisitos: no tener ánimo de lucro, atender exclusivamente a miembros de la propia religión, y dedicarse exclusivamente a evangelizar. Por supuesto, esta definición dejó por fuera las mayoría de instituciones católicas que se dedican a la educación, salud, atención humanitaria, entre otros.

En la nueva reforma de la norma, las excepciones siguen siendo demasiado estrechas y fueron rechazadas una vez más por el Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), Cardenal Timothy Dolan. Pese a que se suprimen algunas condiciones que permitirían a las instituciones servir al público general, se propuso un esquema no muy claro de reembolso que haría que los servicios objetables se presten de todas formas, sin ser supuestamente pagados por las instituciones.

Frente a esto , el Cardenal Dolan señaló tres puntos de gran preocupación para la Iglesia. El primero de ellos es que la medida «parece ofrecer un status de segunda clase a instituciones católicas de primer orden como en servicios católicos de salud, educación católica y caridad católica». La norma aún no acepta que son parte integral de la Iglesia y retira la capacidad de las diócesis de extender la excepción a ministerios no cubiertos por la misma. Esta intención de regular lo que es o no es una institución religiosa ha sido señalada por los Obispos como una grave intromisión en la vida de la Iglesia y una violación a la libertad religiosa.

La imposición de la medida motivó numerosas manifestaciones de rechazo en todo el país.

Un segundo punto denunciado por el Cardenal es que los empleados de las instituciones «acomodadas» deben recibir la cobertura de servicios moralmente ilícitos. «No pueden optar no tenerla ni siquiera para sus hijos», denunció. El prelado advirtió que la financiación de los servicios no es clara y queda aún la posibilidad de que los ministerios católicos terminen financiando esos productos y servicios. En todo caso, la inclusión de los mismos representa para la Iglesia la obligación de «violar sus enseñanzas dentro de sus propias instituciones», señaló.

El tercer punto, que tiene una especial gravedad, es que la norma «crea todavía una tercera clase (de católicos), quienes no tienen ninguna protección de su conciencia», denunció el Card. Dolan. Estos son los empleadores no religiosos, los aseguradores y los propios empleados que tienen la obligación de prestar, subvencionar y contratar en contra de la moral. Los Obispos han reiterado que la práctica de la fe debe ser realizada en todos los aspectos de la vida y no sólo confinada al culto religioso en los templos. «No podemos abandonarlos ahora para que sean obligados a violar su conciencia bien informada», manifestó el prelado.

Por estos motivos, el Cardenal pidió al Gobierno cumplir su ofrecimiento de respetar la libertad religiosa y garantizar que los católicos no deban referir, pagar, o negociar en forma alguna los servicios contrarios a la moral. «Todavía esperamos que la Administración cumpla esa solicitud y encuentre soluciones aceptables», manifestó. Mientras tanto, anunció que la Iglesia continuará señalando los problemas y realizando acciones en defensa de sus derechos. «Continuaremos de pie, unidos con los hermanos Obispos, instituciones religiosas y ciudadanos individuales que buscan enmiendas en las cortes mientras sea necesario», concluyó.