Menú 
Brasilia (Lunes, 08-06-2009, Gaudium Press) Después de una reunión entre el obispo de Marajó, Mons. José Luiz Azcona, el obispo de Castañal, el secretario general del Regional Norte 2 de la CNBB, Mons. Carlos Verzeletti, y el obispo de Abaetuba, Mons. Flávio Giovenalle, todos de diócesis paraenses, en Belém la semana pasada los religiosos decidieron solicitar la prorrogación de la CPI de Pedofilia, instaurada en el Senado Federal en marzo.
Mons. José Luiz protocoló en la Asamblea Legislativa de Pará un documento con la solicitud de prorrogación de la CPI de Pedofilia y aguarda la decisión, ya que el pedido tendrá que pasar por la aprobación del plenario.
«La sociedad paraense parece haber perdido su referencial. Y, en cada niño abusado, vemos el propio rostro de Cristo», dijo Mons. José Azcona, uno de los primeros a denunciar la red de explotación sexual de niños y adolescentes en la región de Marajó.
Después, durante entrevista colectiva, criticó duramente al sistema estadual de protección a niños y el judiciario de Pará. «El judiciario estadual es conocido internacionalmente por su ineficacia y nos duele mucho ver ese descrédito», dijo.
Según Mons. Carlos Verzeletti el destaque y el motivo del pedido de prorrogación de la CPI es que en apenas dos meses de investigaciones los parlamentarios de Pará recibieron cerca de 25 mil denuncias de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes, inclusive algunas envolviendo políticos y autoridades.
«Si esa CPI es encerrada ahora, ese servicio habrá quedado por la mitad. No podemos dejar esos casos sin respuesta. La sociedad necesita que los culpables sean punidos por esas violencias brutales cometidas contra niños y adolescentes», dijo Mons. Verzeletti.
CPI de Pedofilia
La Comisión Parlamentar de Inquérito fue instaurada en marzo después de la aprobación de un pedido de investigación protocolado por el senador Magno Malta en diciembre. Malta preside la CPI.
Creada con el objetivo de tipificar el crimen de pedofilia en el Código Penal brasilero y dar instrumentos que auxilien en las investigaciones de los casos practicados y promovidos por la internet, la CPI consiguió, en mayo, aprobar un proyecto de ley tipificando el crimen. El proyecto establece la pena de prisión de 16 a 30 años para quien practique el crimen y que el condenado no tenga derecho a la progresión de pena o al régimen abierto y semiabierto.
La propuesta también caracteriza el crimen de manipulación lasciva, que consiste en manipular al niño en las partes genitales sin, entretanto, practicar el acto sexual. Esta condena puede rendir hasta ocho años de prisión y multa.
A pesar del parcial suceso de la CPI, el senador Demóstenes Torres pidió, también en mayo, que la CPI fuese encerrada a comienzos de junio, lo que todavía no sucedió. El pedido fue hecho después de denuncias contra el presidente de la CPI, que habría ‘prolongado’ un viaje oficial al exterior con verba del Senado. Malta consiguió, en mayo, apoyo de la mayoría de los senadores para prorrogar la CPI hasta octubre.
Deje su Comentario