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Washington (Jueves, 19-09-2013, Gaudium Press) El Cardenal Timothy Dolan, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), redactó una carta de actualización sobre el proceso de oposición de la Iglesia Católica contra un mandato gubernamental que impone la financiación de anticonceptivos, esterilización y fármacos abortivos a los empleadores en todo el país. Frente a la insuficiente protección de la libertad religiosa de instituciones e individuos católicos frente a la norma, la Iglesia de Estados Unidos reafirma su resolución de «continuar nuestra lucha en contra del mandato», declaró el purpurado.
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| Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos |
La carta del Card. Dolan fue dirigida a todos los Obispos de Estados Unidos por solicitud del Comité Administrativo de la USCCB y aclara la posición de la Iglesia, que se mantiene firme en defensa de la libertad religiosa, promovida en el país norteamericano como «nuestra más valorada libertad», en palabras de los Obispos. «Si hay alguna percepción de que nuestra dedicación en esta confrontación está declinando, está completamente equivocada», declaró el Arzobispo de Nueva York.
La historia del mandato se remonta a enero de 2012, cuando la secretaria del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS por sus siglas en inglés) anunció la polémica norma que se aplicaría en agosto de 2012 y que causó gran preocupación en la Iglesia. Por la fuerte oposición desatada, la administración estableció un plazo en la aplicación para las organizaciones religiosas y anunció varias «acomodaciones» calificadas insuficientes por la Iglesia (ver noticia anterior). Después de otro anuncio de «acomodación» de la norma por parte del gobierno en febrero de 2013, la Conferencia de Obispos realizó un análisis minucioso del mandato y constató que las serias objeciones que plantea la Iglesia continuaban insatisfechas. «Sin embargo tomamos la palabra de la Administración de que consideraría nuestras preocupaciones», relató el Cardenal Dolan, motivo por el cual la Iglesia radicó un documento con sus exigencias (ver noticia anterior).
Una respuesta deficiente
«En junio 28, obtuvimos nuestra respuesta», agregó el Arzobispo: «A pesar de nuestras graves preocupaciones (compartidas por 400 mil otros signatarios y personas de otros credos) la «acomodación fue finalizada con sólo cambios menores». Según el purpurado, después de cinco meses de estudio gubernamental la situación sigue siendo la misma ya que los tres problemas básicos permanecen. Estos son: la definición estrecha de lo que es un «empleador religioso», la cual «reduce la libertad religiosa al dividir nuestra comunidad entre casas de culto y ministerios de servicio»; el «tratamiento de segunda clase» para dichos ministerios (que incluyen obras asistenciales, escuelas y hospitales, entre otros) para los cuales no una exención completa de la norma; y la ausencia de una excepción para los negocios con ánimo de lucro dirigidos por empleadores católicos que desean vivir de acuerdo a la fe.
Pos estos tres motivos la posición de la Iglesia fue reiterada por el Comité Administrativo de la USCCB: «los miembros fueron unánimes en su resolución de continuar nuestra lucha contra el mandato del HHS, y me pidieron que les transmitiera esta firme resolución a ustedes», expresó el Cardenal Dolan. El purpurado rechazó la «aceptación apresurada» de la norma por parte de la Asociación Católica de Salud (CHA), que afirmó declarar suficientes las acomodaciones, «lo cual temó que fue inoportuno y poco útil. Apreciamos el alto valor de la gran experiencia de la CHA en su ministerio de sanar, pero como ellos han sido los primeros en decir, ellos no representan el Magisterio de la Iglesia».
La directriz de la Conferencia de Obispos es continuar el proceso trazado en el mes de junio, que incluye un cuidadoso análisis legal y moral de las alternativas para «desarrollar vías de respuesta que preserven al mismo tiempo nuestra fuerte unidad y protejan nuestras conciencias». El tema será evaluado de nuevo en la reunión de los Obispos en el mes de noviembre. «Estamos unidos en nuestra resolución de continuar defendiendo nuestro derecho para vivir de acuerdo a nuestra fe, y nuestro deber de servir al pobre, curar al enfermo, mantener fuertes y fieles nuestros apostolados y asegurar a nuestra gente», afirmó el Cardenal.
El Card. Dolan agradeció a los Obispos de todo el país por «su unidad continua en respuesta a este asunto de profunda preocupación para todos» y prometió continuar informándoles las novedades que pudieran surgir en el proceso.
Con información de Agencia Zenit.
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