Tegucigalpa (Martes, 23-06-2009, Gaudium Press) En la conclusión, el sábado pasado, de su 2ª Asamblea Plenaria de 2009, los obispos de Honduras divulgaron un comunicado en que analizan la situación del país y exprimen gran preocupación con la polarización política, la violencia y la pobreza que afectan el tejido social de la nación.
En el texto, los prelados piden al presidente y a los responsables políticos que encuentren por medio del diálogo y de la negociación una solución a eso que la prensa local llamó de «la cuarta urna». La expresión hace alusión al hecho de que al presidente de la República, Manuel Zelaya, le gustaría, en el curso de las elecciones de noviembre próximo, de disponer una «cuarta urna», en la cual los ciudadanos podrían elegir si aprueban o no la convocación a una asamblea constituyente para escribir una nueva Carta al país – la actual Constitución de Honduras fue promulgada en 1982 y es considerada «pasada» en muchos aspectos por sectores del gobierno.
La propuesta dio origen a un intenso y agresivo debate, y terminó dividiendo al país en dos, con posiciones fuertemente contrastantes. A despecho de la opción que al final será elegido, «preferiblemente con amplio consenso», los obispos afirman que «se debe garantizar al pueblo la regulación de fuentes constitucionales como el plebiscito y el referendo de tal forma que, junto a la ley para la participación ciudadana, el propio pueblo sea consultado en todas las cuestiones de gran importancia».
El pedido es hecho después de las graves tensiones de los últimos días causadas por los intensos enfrentamientos de los partidos, por las elecciones de jueces para la Suprema Corte de Honduras y también por rumores de golpe de estado. Los obispos afirman además que la democracia en Honduras está amenazada por la creciente de los problemas sociales, como la pobreza y la violencia, la disminución de los recursos financieros del Estado, el desempleo, la escala del crimen organizado y del narcotráfico, sin «subvalorar la pérdida de fuerza de los valores morales y religiosos».
Por ese conjunto de problemas que afectan nuestra democracia, todas las personas, de alguna forma, deben sentirse responsables: los poderes del Estado, sus instituciones y organismos, los partidos políticos, los grupos de poderes nacionales y transnacionales. En suma, todos aquellos que hacen parte de la sociedad hondureña somos responsables, en particular cuando se halla un comportamiento de pasividad o indiferencia frente a los peligros que amenazan nuestra frágil democracia, frecuentemente más electoral y representativa que participativa», afirman los obispos en el texto.
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