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Washington (Jueves, 13-03-2014, Gaudium Press) La intensa batalla legal de la Iglesia Católica de Estados Unidos en contra del llamado mandato antinatalista del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) comienza un capítulo adicional tras la presentación de una demanda conjunta por parte de cerca de 200 organizaciones que busca frenar la implementación de la medida. La acción legal fue presentada ante una Corte Federal de Oklahoma el pasado 12 de marzo y argumenta que la imposición de incluir fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos dentro de la cobertura de salud obligatoria para los empleadores violenta las libertades contenidas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
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| Manifestación ciudadana en rechazo del mandato antinatalista en Detriot, en marzo de 2012. Foto: SJA KofC Life Line |
Según la demanda, la libertad religiosa, principal argumento de los Obispos de Estados Unidos desde el inicio de la controversia en agosto de 2011, se ve afectada no sólo por la disposición central del mandato (obligación de contratar servicios calificados como inmorales) sino por las estrechas políticas de excepciones a la norma, que constituyen una discriminación entre organizaciones a las que se protege el derecho y otras a las que no se les concede protección alguna.
«Nosotros como católicos, independientemente de la estructura corporativo en la cual trabajemos, no podemos en buena conciencia proveer a los empleados un seguro que cubre la anticoncepción, los abortifacientes y la esterilización», declaró el Arzobispo de Oklahoma, Mons. Paul Coakley, en una declaración oficial reproducida por Catholic News Service. Estos productos objetables «socavan la dignidad de la persona humana y la santidad de la vida humana, y también ponen en riesgo la salud física y mental de quienes los usan en formas no comunicadas», alertó el prelado.
El Arzobispo manifestó que ora para que «las cortes reconozcan que el gobierno federal no tiene un interés público claro y convincente que justifique la carga sobre nuestro libre ejercicio de la religión al requerirnos pagar por drogas y procedimientos que violentan la conciencia».
Asociarse para enfrentar el desafío legal
Para hacer frente al mandato antinatalista en una estrategia integral, que incluye la demanda, se constituyó la Catholic Benefits Association (Asociación de Beneficiencia Católica). La organización tiene un componente que ofrece seguros de salud compatibles con la práctica de la religión católica. La asociación ofrece además una cobertura de costos legales para garantizar la protección de los derechos de sus afiliados a través de las demandas contra el controvertido mandato, con un costo de apenas un dólar por empleado cubierto. La asociación tiene otras ventajas legales como el respaldo a organizaciones que se autoproveen los planes de cobertura de salud y facilidades tributarias.
Los demandados son la Secretaria del HHS, Kathleen Sebelius, el Secretario del Departamento de Trabajo, Thomas E. Perez y el Secretario del Departamento del Tesoro, Jacob J. Lew. Ellos, y sus departamentos, deberán comprobar la legalidad de la disposición. Esta ha probado ser una tarea difícil, puesto que el 88 por ciento de las acciones legales interpuestas en contra de la medida hasta enero de 2014 han sido perdidas por la administración gubernamental.
La demanda grupal, que agrupa diócesis, agencias católicas y empresas particulares, es «un vehículo para varias diócesis que no encontraría una oportunidad para hacerlo de forma que tuvieran una mayor posibilidad de éxito», explicó el abogado L. Martin Nussbaum, de la firma Lewis Roca Rothgerber, quien representa a los demandantes. «Pienso que es una expresión mayor de nuestro deseo de promover y defender la libertad religiosa no sólo en abstracto sino de hecho en un asunto muy real que afecta a los empleadores y empleados católicos», explicó a CNS.
Con información de Catholic News Service.
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