Manila (Miércoles, 09-07-2014, Gaudium Press) Atendiendo su «deber pastoral de proporcionar la información necesaria y la instrucción a los católicos» que laboran en el sector salud, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas (CBCP) redactó una «Guía Pastoral sobre la implementación de la Ley de Salud Reproductiva» para promover el derecho a la objeción de conciencia y destacar los límites de la norma. La polémica ley de marcado carácter antinatalista fue modificada a causa de una demanda ante la Corte Suprema de ese país y perdió gran parte de su poder impositivo, por lo cual la Iglesia explicó los alcances de la norma para informar adecuadamente a los creyentes.
Mons. Sócrates Villegas, Presidente de la CBCP firmó la Guía Pastoral sobre la implementación de la Ley de Salud Reproductiva. Foto: Parroquia de San Fabián en Lingayen-Dagupan. |
La guía pastoral fue elaborada para ayudar a comprender la decisión de la Corte Suprema (cuyo fallo tiene una extensión de 104 páginas) tanto a los agentes de la salud como a funcionarios y empleados que por su deber público resulten relacionados con la aplicación de la ley. La Iglesia, que apoyó activamente la demanda que impuso límites a la norma (ver noticia anterior), aclaró que la Corte afirmó los principios de «no aborto» y «no coerción» como fundamentales para la implementación de la ley.
El organismo judicial invalidó dos provisiones legales que podrían legalizar fármacos con efectos abortivos considerados secundarios, de manera que ningún producto que pudiera afectar al ser humano concebido podría ser autorizado en Filipinas. La normativa es clara en la obligación de una prescripción médica para la venta de anticonceptivos en un lugar autorizado y por parte de una farmacéutica con licencia, por lo cual los Obispos recordaron que hasta el momento ningún fármaco anticonceptivo ha sido sometido a aprobación de la autoridad competente, lo que hace que su distribución actual sea ilegal. Dicha aprobación no corresponde al Congreso, sino a la Administración de Alimentos y Drogas, y los médicos católicos fueron motivados a exigir la realización de estudios que demuestren sin lugar a dudas que los fármacos anticonceptivos no tienen ningún efecto abortivo y que son seguros para las mujeres.
La anticoncepción no puede imponerse
El P. Melvin Castro se dirige a la multitud congregada en una de las manifestaciones en contra de la ley antinatalista en Filipinas. Foto: CBCP News. |
La Conferencia de Obispos también recordó que los agentes de salud no están obligados a proveer productos o servicios antinatalistas y que además no pueden ser presionados para referir a los pacientes a profesionales o instituciones que sí lo hagan, ya que dicha acción «haría a los proveedores provida cómplices en la realización de un acto que ellos encuentran moralmente repugnante u ofensivo» en palabras de la Corte Suprema. Este principio aplica también para las instituciones propiedad de órdenes o grupos religiosos y la Corte dictaminó que la imposición de la norma a ciertos profesionales que no podían clasificarse como objetores de conciencia constituía una discriminación y una violación del principio de igualdad ante la ley.
«Obviamente los católicos no deberían, por razones morales, buscar empleo en las mismas agencias de gobierno que promueven la anticoncepción artificial», afirmaron los Obispos. «Pero si las circunstancias los obligaron a emplearse en dichas agencias, o si ya estaban allí en el momento en que las agencias tomaron una posición a favor de la Ley de Salud Reproductiva, estos Católicos deben saber que no se les puede forzar a promover, distribuir o dispensar contraceptivos artificiales en contra de su convicción religiosa o moral».
Los Obispos también señalaron que la ley ya no puede forzar a las instituciones educativas privadas a promover la anticoncepción. «Nuestras escuelas católicas no están obligadas entonces a propagar el currículo de salud reproductiva del gobierno, aunque deben, de manera consistente con la doctrina de la Iglesia, preparar a los jóvenes para ser padres responsables», afirmaron los prelados.
La Iglesia dirigió una decidida oposición a la norma que obtuvo sus frutos en una demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Filipinas. Foto: CBCP for Life. |
El estado no puede reemplazar a los padres de familia
La Iglesia destaca otras restricciones impuestas por la Corte debido al deber estatal de la defensa de la familia. Una de ellas consiste en que las esterilizaciones deben contar con la autorización de ambos esposos y los anticonceptivos para menores de edad deben ser autorizados por los padres incluso cuando los menores ya tengan hijos propios o han perdido hijos durante el embarazo. «Es precisamente en esas situaciones cuando un padre menor de edad necesita el confort, cuidado, consejo y guía de sus propios padres», declaró la Corte. «El estado no puede reemplazar a la madre y al padre naturales para proveer sus necesidades y confort. Decir que su consentimiento ya no es relevante es claramente anti – familia. No promueve la unidad de la familia. Es una afrenta al mandato constitucional de proteger y fortalecer la familia como una institución inviolable».
Estas disposiciones fueron catalogadas por los prelados como «saludables», aunque aclararon que «hubiéramos querido que la Corte Suprema anulara la ley» de forma completa. La Conferencia de Obispos motivó a que las diferentes diócesis organicen seminarios y eventos de formación sobre el testimonio de los católicos y la protección legal de sus derechos en relación a la Ley de Salud Reproductiva y se encomendó a la Santísima Virgen, «Madre de la Vida», para que «guíe cada uno de nuestros pasos en la protección de la dignidad de la vida humana y proteja a todas las vidas humanas de todo mal».
Con información de Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas.
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