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Ciudad del Vaticano (Viernes, 25-07-2014, Gaudium Press) En un nuevo avance en los continuos esfuerzos de la Iglesia para prevenir cualquier caso de abuso por parte de sus miembros, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos adelanta una tarea de revisión de las normas canónicas referidas a las sanciones por este tipo de conductas. «Queremos hacer que este material delicado sea más accesible, más comprensible y más fácil de aplicar para los Obispos», manifestó a L’Osservatore Romano el Presidente de dicho Pontificio Consejo, el Cardenal Francesco Coccopalmerio.
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| El texto legislativo de 1983 puede ser clarificado para facilitar su aplicación en las diferentes diócesis alrededor del mundo. Foto: Sodalicio de Vida Cristiana. |
La Iglesia, además de numerosas acciones emprendidas para prevenir todo tipo de abuso y de acatar las disposiciones legales de cada país en esta materia (ver noticia anterior), cuenta con un sistema propio de sanciones de tipo canónico que son aplicadas por los prelados. «Ante una acción negativa, que hiere el bien de una persona y por tanto el bien de la Iglesia, la ley penal ejerce una reacción, y ésta es que el pastor (Obispo) inflige una pena canónica», expuso el purpurado. Estos castigos buscan ante todo el bien espiritual del culpable y «motivar la conversión de quienes cometen crímenes». La pena impuesta es también una enseñanza, ya que «un acto negativo debe necesariamente ser condenado, requiere una reacción».
Las normas que rigen las sanciones están consignadas en una sección del Código de Derecho Canónico, el «Libro IV» en el que trabaja el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos desde 2008. Estas normas son sujetas a una mayor claridad por cuanto su redacción en 1983 buscaba tener un énfasis en el papel del Obispo en su Diócesis y su poder de decisión sobre la forma de abordar las distintas situaciones que se le podrían presentar. Por este momento, como lo explicó a CNS en 2013 el Secretario del Consejo, Mons. Juan Ignacio Arrieta, las disposiciones resultaron poco concretas y se hizo notoria la diferencia entre las sanciones impuestas en las distintas diócesis.
Para dar una mayor unidad en esta materia y expresar la voluntad de la Iglesia de prevenir y sancionar cualquier acción indebida por parte de sus miembros se trabaja en una normativa más específica. Si bien esto reduce un poco el poder discrecional de los prelados en ciertas circunstancias, la iniciativa desarrollada «es por el bien del Obispo», declaró Mons. Arrieta.
Con información de UCA News y CNS.
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