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Magangué (Jueves, 28-08-2014, Gaudium Press) Para «velar por la enmienda del delincuente» y «procurar la salud espiritual de toda la sociedad», el Administrador Apostólico de la Diócesis de Magangué, Mons. Hernán Giraldo Jaramillo, expidió un decreto en el cual excomulga a los delincuentes que robaron el Sagrario, la Custodia y otros vasos sagrado de una Capilla ubicada en la Casa Hogar de la Niña María, institución regida por las Hermanitas de la Anunciación. La Iglesia alertó que los ladrones se llevaron las Hostias consagradas reservadas en el Sagrario, lo cual hace notablemente más grave el delito y mereció la más fuerte condena de la autoridad eclesiástica.
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| Fotografía del decreto expedido por la Diócesis de Magangué. Foto: Diócesis de Magangué. |
La Diócesis destacó el sacrilegio cometido contra la Eucaristía como una «acción voluntaria y gravemente despreciativa hacia el Santísimo Sacramento» tal como lo define el Código de Derecho Canónico. El decreto ordena «hacer pública la manifestación de la gravedad del delito» para prevenir que un acto de dicha naturaleza vuelva a suceder en la población y aclara que la pena impuesta «funciona como advertencia». Es posible que los criminales se persuadan de este modo de regresar las Sagradas Formas, que constituyen la primera preocupación de la Iglesia, y los demás objetos sagrados.
El decreto también dispuso que la Capilla permanezca cerrada hasta el día 29 de septiembre. En este día se ha programado un Acto de Desagravio presidido por el Administrador Apostólico, «para que la capilla continúe el servicio espiritual, de este lugar de servicio comunitario». Todas estas acciones refuerzan la catequesis de la Iglesia sobre la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y el respeto debido a los lugares y objetos destinados al culto divino.
«La Iglesia tiene potestad innata coactiva y, en consecuencia, puede establecer y poseer un verdadero derecho penal», recordó Mons. Giraldo. De esta manera, «puede imponer las penas que crea convenientes y que sean congruentes con su naturaleza». El decreto fue firmado por el Adminitrador Apostólico y por el Canciller de la Diócesis, P. Lewis José Gómez, el pasado 25 de agosto, al día siguiente de los hechos denunciados.
Con informanción de Conferencia Episcopal de Colombia.
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