Missouri (Miércoles, 24-09-2014, Gaudium Press) Un empresario católico estadounidense, Frank O’Brien, quien dirige una empresa de cerámicas, obtuvo en la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, la exención de la inclusión de servicios y productos inmorales en la cobertura obligatoria de salud para sus empleados. Habiendo perdido en la primera instancia judicial, en su caso se aplicó la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la libertad religiosa de los empresarios y su decisión de dar testimonio de su fe en el entorno laboral.
En la decisión se aplicó el precedente de protección de la libertad religiosa por parte de la Corte Suprema. Foto: Wally Gobetz. |
O’Brien había llegado a ser noticia anteriormente al haber sido el primer propietario privado en demandar al gobierno federal pidiendo la protección de su libertad religiosa a causa del llamado mandato antinatalista del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) . La medida castiga con graves multas a los empleadores que se rehúsen a incluir servicios de fármacos abortivos, anticoncepción y esterilización en los seguros de salud de los empleados. «El mandato del HHS requeriría que personas de negocios como nuestro cliente dejaran sus creencias religiosas en casa cada mañana como condición de hacer negocios en nuestra sociedad», afirmó en su momento el abogado apoderado de O’Brien, según informó Catholic Culture.
El reclamo del empresario no fue escuchado por la primera instancia, ya que la Corte no reconoció las amenazas a la libertad religiosa y de expresión argumentadas por el empresario. Tras esta decisión, O’Brien apeló y mientras esto sucedía la Corte Suprema de Estados Unidos evaluó una demanda similar interpuesta por las empresas Hobby Lobby y Conestoga Wood Specialties, ambas propiedad de familias que afirmaron que sus creencias les obligaban a objetar la polémica cobertura. La Corte determinó que si el gobierno tenía un interés manifiesto en asegurar el acceso a los servicios objetados, pero que debería hacerlo por medios que no significaran un detrimento de la libertad religiosa.
Basada en la jurisprudencia de la decisión de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones reversó la decisión anterior y evitó hacer un análisis de fondo sobre los demás argumentos señalados por O’Brien al considerar que un concepto de los jueces se hace innecesario ante la protección de los derechos exigidos por el demandante. Este caso es uno de los 49 interpuestos por empresarios privados que aún cursan en contra del mandato del HHS y que según el Fondo Becket para la Libertad Religiosa se resolverán de acuerdo a lo decidido por la Corte Suprema.
Con información de Catholic Culture, Bloomberg Law y The Becket Fund for Religious Liberty.
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