Hermanitas de los Pobres a la Suprema Corte de los EE.UU.: No podemos escoger entre nuestra atención a los pobres y nuestra fe

Washington (Jueves, 07-01-2016, Gaudium Press) Las Hermanitas de los Pobres en los EE. UU. han dicho a la Suprema Corte del país -esta semana, en un escrito legal-, que ellas no pueden ser forzadas a escoger entre cuidar a los pobres y obedecer su conciencia, y que esto es justamente lo que quiere el gobierno americano por medio del que se ha llamado «mandato contraceptivo» del Departamento de Servicios de Salud y Humanos.

El mandato contraceptivo requiere que los empleadores ofrezcan a sus empleados planes de salud que incluyan contracepción libre, esterilización y drogas potencialmente abortivas, lo que contradice las creencias de las religiosas. Tras perder una demanda en la Corte de Apelaciones del 10º circuito en julio pasado, las Hermanas serán escuchadas ahora por la Corte Suprema de Justicia junto a otros querellantes.

«Como Hermanitas de los Pobres, ofrecemos a los ancianos más necesitados de toda raza y religión un hogar donde son recibidos como Cristo», afirma la hermana Marie Loraine Maguire, madre provincial de las Hermanitas de los Pobres. «Llevamos a cabo este ministerio amoroso por causa de nuestra fe», continuó, agregando que para las hermanas «no es posible escoger entre nuestra atención a los ancianos pobres y nuestra fe, y no deberíamos tener que hacerlo».

Según las religiosas el mandato contraceptivo viola la Ley de Restauración Religiosa de 1993, la cual estipula que el gobierno viola la ley federal al decir que el mandato es compatible con sus creencias religiosas. La ley en cuestión, establece que cuando una acción del gobierno viola las sinceras creencias religiosas de una persona, el gobierno debe demostrar que la acción obedece a un interés apremiante del Estado y que esa acción es la manera menos restrictiva de hacer válido ese interés.

Entretanto, alegan las Hermanitas de los Pobres, el hecho de que el gobierno ya haya establecido múltiples excepciones a tal ley, muestra que el mandato contraceptivo no puede ser un interés apremiante del Estado.

«Todo lo que pedimos es que nuestros derechos no sean confiscados», dice la hermana Maguire. «El Gobierno exime a grandes corporaciones, a pequeñas empresas y a otros ministerios religiosos de aquello que nos están imponiendo – sólo queremos seguir sirviendo a los ancianos pobres, como siempre lo hemos hecho durante 175 años».

Con información del National Catholic Register