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Washington (Sábado, 09-01-2016, Gaudium Press) La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USSCB) y siete organizaciones religiosas entre las que se cuenta la Cardinal Newman Society presentaron un documento bajo la modalidad de «amicus» a la Corte Suprema de Estados Unidos en defensa de la libertad religiosa de las instituciones que objetan el llamado mandato antinatalista del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
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| Suprema Corte de Estados Unidos. Foto: Jeff Kubina |
El documento es un apoyo en siete procesos legales de demandantes que objetan la norma que impone la inclusión de fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos en los seguros de salud que los empleadores deben ofrecer obligatoriamente. La imposición vulnera directamente la conciencia de las organizaciones que no son cobijadas por un estrecho margen de excepciones. «Si nuestras escuelas pueden enseñar la fe y el bien público en el salón de clases pero no pueden practicarla en la conducta de su propio negocio, entonces la educación es meramente una corteza ideológica sin sustancia», denunció el Vicepresidente de desarrollo de programas de la Newman Society, Bob Laird.
Un tema de gran relevancia
La presentación del amicus fue liderada por la Conferencia de Obispos, que invitó a participar a las organizaciones Institutional Religious Freedom Alliance, World Vision, Inc., Catholic Relief Services, Family Research Council, Association of Catholic Colleges and Universities; Cardinal Newman Society y Thomas More Society.
En el caso de la Cardinal Newman Society, la organización creó un plan propio de seguros de salud para sus empleados, de forma que pudiera proveer servicios de salud coherentes con su identidad católica. Este plan, conocido como el Christian Brothers Employee Benefit Trust, es uno de los peticionarios incluidos en la demanda interpuesta por las Hermanitas de los Pobres para pedir protección ante la imposición del mandato antinatalista.
«Hay mucho en juego. Existen consecuencias públicas mayores si las organizaciones basadas en la fe no pueden continuar su ministerio en escuelas, colegios y universidades, en hospitales y en otras organizaciones basadas en la fe», advirtió Laird. El documento destaca el aporte de la organizaciones católicas en la sociedad, el cual «el gobierno y otras organizaciones no pueden reproducir o no pueden hacerlo fácilmente».
Entre los argumentos presentados figura el hecho de que el mandato demandado no es el medio menos restrictivo que podría emplear el gobierno, que la norma haría un mayor mal a las organizaciones que el supuesto beneficio que busca, así como el hecho de que reemplazar el trabajo de las organizaciones católicas sería irracionalmente costoso para el gobierno y la comunidad. El documento recuerda que la llamada «acomodación» creada para las organizaciones de inspiración religiosa impone una cooperación formal que no es moralmente lícita para los creyentes.
Las organizaciones firmantes esperan que su llamado sea atendido favorablemente por la Corte Suprema, la cual ya tiene una jurisprudencia favorable a la libertad religiosa en este caso. Se estima que la sentencia sobre el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos sea conocida en el mes de mazo y que signifique el final de una notable controversia de varios años en Estados Unidos.
Con información de Cardinal Newman Society.
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