Badajoz (Miércoles, 03-08-2016, Gaudium Press) El Secretario General de la provincia eclesiástica y Vicario General de Mérida-Badajoz, P. Mateo Blanco, concedió una entrevista a Alfa y Omega en la cual profundizó sobre las motivaciones de la Iglesia al presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en defensa de la asignatura escolar de Religión. Un polémico decreto recortó la mitad del tiempo asignado a esta materia y según los prelados contradice la Constitución del país, tratados internacionales y jurisprudencia anterior (ver noticia anterior).
Mons. D. Celso Morga Iruzubieta, Arzobispo de Mérida-Badajoz (derecha), junto al Vicario general de la Archidiócesis, P. Mateo Blanco Cotano. Foto: Iglesia Actualidad. |
«El radicalismo y el sectarismo que yo he encontrado», afirmó el P. Blanco sobre esta controversia con las autoridades de educación, «hacía muchos años que no lo encontraba». Las diócesis afectadas intentaron encontrar espacios de diálogo antes de recurrir a las Cortes, pero el esfuerzo fue infructuoso. A pesar de que la consejería presentó el nuevo currículo como fruto de un consenso, la Iglesia Católica, que representa en este caso al 80% de los padres de familia que eligen libremente la asignatura de Religión, no fue consultada de forma alguna. «Esto en cualquier colectivo educativo sería importante, pero en el nuestro es más porque es la única asignatura que está regulada por un tratado internacional: entre el Gobierno español y la Santa Sede», recordó.
Una animadversión contra la Religión
El Vicario, quien estuvo presente en la única reunión en la cual participaron los Obispos locales sobre el tema, calificó como «una aberración pedagógica» el hecho de que los cambios se establecieran prácticamente en verano y que deban implementarse al inicio del siguiente ciclo escolar. El currículo «es la pieza clave que hay que estudiar en profundidad porque no es una pieza que se pueda llevar sin más al aula», sino que es la norma general que debe adaptarse a todas las circunstancias particulares. Los cambios significan el rediseño de todas las clases, los materiales empleados, el enfoque de los temas, expuso. «Es algo muy delicado y que, mal hecho, es un fracaso que nos hace ir marcha atrás».
«Hay un planteamiento en la Consejería según el cual a la Religión se le da lo mínimo», denunció. «Esa es la impresión y eso me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo porque la consejera lo es de todos los extremeños, tiene que trabajar todas las áreas de conocimiento y a todas tiene que tratarlas con justicia y equidad». Los argumentos expuestos a los Obispos estaban previamente elaborados y no existía espacio al diálogo. La posición oficial es que se iba a enriquecer algunas materias con mayor contenido y por tanto otras materias se reduciría. «A mí no me parecía mal, pero de pronto a la asignatura de Religión se le quita la mitad, y no le quitan más porque ya no pueden».
El sacerdote se manifestó seriamente decepcionado por lo expuesto por la Consejería y expresó su esperanza de que el Tribunal pueda proteger con celeridad los derechos de los creyentes. «En ese planteamiento se descubre una animadversión. Eso me duele, no como persona dedicada a la enseñanza solamente, me duele como extremeño porque no es de recibo que la consejera, porque es sectaria, trate de una forma injusta y sin razones a una asignatura, a un área de conocimiento que está reconocida en los acuerdos ente la Santa Sede y el Estado español y que tiene su apoyo legal fundamental en la Constitución, donde se dice que los padres tienen todo el derecho del mundo a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones», comentó.
Los cambios introducidos, que imponen a todos los que optan por la asignatura de Religión a tomar una hora semanal de Ética y Ciudadanía (tomada del tiempo habitual de Religión), exhibe otras contradicciones señaladas por el P. Blanco. Entre ellas, el sacerdote destacó que los alumnos que elijan Ética y Ciudadanía estarían igualmente obligados a cursar Religión, la cual es una clase optativa que legalmente no puede ser impuesta. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura podría, en atención a la inminente vulneración de derechos, emitir una suspensión provisional de la norma hasta que se llegue a una sentencia de fondo, lo que evitaría su aplicación en el próximo ciclo escolar. Los Obispos que interpusieron el recurso legal esperan con atención la resolución del mismo.
Con información de Alfa y Omega.
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