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Buenos Aires (Martes, 06-09-2016, Gaudium Press) Las religiosas carmelitas del Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, Argentina, padecieron el pasado 25 de agosto un allanamiento de la Policía, calificado como «muy violento» por parte de las religiosas de clausura. La excusa para el operativo fue en informe de prensa de la revista Análisis de la Actualidad, en la cual mujeres que dijeron haber pertenecido a la comunidad acusaban a las religiosas de supuestas torturas por el uso de cilicios y otros elementos penitenciales dentro de la Regla de la Congregación.
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| Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, Argentina, durante el polémico allanamiento. Foto. InfoCatólica. |
«Fuimos tratados como señoras, como mujeres, aunque les aclaramos que somos hermanas», relató la Madre Isabel, Superiora de la comunidad a través de una serie de videos en redes sociales. «Nos consultaban si estábamos obligadas aquí y cada una respondió que estamos felices y libres». El hallazgo de cilicios y disciplinas, elementos que las autoridades interpretaron como «látigos», fue presentado públicamente como elemento probatorio en la investigación por las supuestas torturas. Tanto el Arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puiggari, como diversas organizaciones han denunciado tanto la arbitrariedad del allanamiento como el irrespeto que significa para la libertad religiosa de las consagradas.
«La vida de las carmelitas es muy exigente. Ellas van libremente y viven una vida austera y de oración. Además rezan por la Iglesia y por el mundo», indicó el Arzobispo, quien expresó extrañeza por el ímpetu de las autoridades en investigar este caso a través de la fuerza. «Ante una denuncia de una revista ya se allana un convento como si fueran vendedores de droga. Hay instancias de diálogo que son mucho más fáciles. Podía ir el fiscal a tocar timbre y actuar de una manera más pacífica, tanto para las hermanas como la ciudad de Nogoyá».
No comprender no justifica no respetar
La Sociedad Argentina de Derecho Canónico hizo público un comunicado de rechazo a la acción policial en el cual recuerda que las constituciones y normas del Monasterio son supervisadas directamente por la Santa Sede, que regula y cuida «la práctica de los consejos evangélicos, la fidelidad al carisma fundacional y las sanas tradiciones». Cada religiosa decide libremente consagrarse por entero a Dios y las hermanas «viven con ese espíritu la penitencia, la disciplina, el ayuno y otras prácticas que constituyen parte de esa entrega a Dios y unión con los hermanos que sufren».
«Para pertenecer al Instituto se requiere tener al menos 18 años de edad y ser libres de ingresar y permanecer», informa el comunicado, que recuerda también que las postulantes tienen un tiempo de discernimiento para establecer su compromiso de asumir la estricta y rigurosa vida del Monasterio y pueden abandonar también esta vida libremente. «En caso de haber realizado sus votos de modo perpetuo pedirá a la Santa Sede que le dispense de ellos, lo cual constituye una cuestión de conciencia, de su relación personal con Dios, y de ningún modo se impedirá su salida del monasterio».
La Sociedad Argentina de Derecho Canónico pidió respeto a la vocación a la vida monástica, como parte del respeto a la libertad religiosa. «Puede entenderse que algunos no comprendan este modo de vida, pero ello de ningún modo puede justificar actitudes ofensivas, ni poner públicamente en tela de juicio una forma de vida ascética y espiritual, de tradición milenaria tanto en Occidente como en Oriente», afirma el comunicado. «Tampoco juzgar con criterios erróneos actitudes que no constituyen ningún delito, sino que responden a parámetros religiosos, de la propia conciencia y que incluso conciernen al derecho subjetivo a la libertad religiosa, aunque incomprensible para algunos».
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Entre Ríos, Argentina, envió una carta al Arzobispo en la cual manifiesta su «profunda preocupación por el alto grado de torpeza jurídica, policial y periodística» que se manifestó en el allanamiento a las religiosas. Sobre los informes periodísticos que dieron lugar a la investigación, el Sindicato afirmó que no se realizó una práctica profesional debida, al no observarse «los principios básicos de la ‘doctrina de la real malicia’, que obligan a checar la información en tres fuentes habituales y confiables» y recordó que los autores de la publicación no están registrados como miembros del Sindicato, por lo cual el gremio se declaró libre de «cualquier tipo de responsabilidad moral o intelectual al respecto».
Con información de AICA y ACI.
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