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Nueva Delhi (Martes, 22-09-2009, Gaudium Press) Apoyo, con algunas dudas. Esa es la opinión expresada por la Iglesia Católica en la India con respecto a la «Communal Harmony Bill (CHB)» («Ley de Harmonía entre las Comunas») que será discutida en el parlamento indio. Ése es un buen punto de partida, pero deben ser acrecentadas «más cláusulas» para garantizar más poder «en la prevención de la violencia motivada por la religión», consideran los obispos indios.
Esta semana, una comisión parlamentaria está estudiando el proyecto de ley, que propone la ampliación de una ley anterior, del 2005. La intención es prevenir nuevos casos de violencia contra las minorías, como los que ocurrieron entre los meses de agosto y septiembre del año pasado contra cristianos en la comuna de Orissa. La comisión presentará el proyecto al parlamento apenas haya concluido sus trabajos.
La Conferencia Episcopal de la India (CBCI) dio inicio a una serie de reuniones con varias comunidades cristianas y planearon una reunión especial con exponentes de otras comunidades minoritarias para ofrecer una respuesta común a la ley. Al final de los encuentros, a fin de octubre, todos presentarán un único memorando al gobierno.
El padre Babui Joseph, portavoz del episcopado indio, confirmó a la agencia de noticias Asia News la importancia que tiene para la Iglesia la nueva ley, la cual define como «un importante paso» para controlar «los casos de violencia en todo el país» y como «un inhibidor» para los fundamentalistas. Los religiosos católicos indios piden «más poder» a la ley, que entre varios aspectos tiene la ventaja de «prevenir» los ataques en lugar de «tomar medidas» retroactivamente.
El Padre Joseph explicó además que «la policía responderá directamente a las cortes, no a los ministros», y que los potenciales impulsos de violencia serán monitoreados «de cerca», formando, si es necesario, «corporaciones especiales» para garantizar investigaciones «imparciales y justas». «Muy frecuentemente, nosotros hemos sido testigos en varias partes de la India una anuencia entre varios ministros, de forma a proteger al culpable y favorecer la perpetuación del crimen», declara el religioso.
Es por eso que es importante separar «la esfera política de la judicial» y garantizar el hecho de que aquel que «falla en su función de garantizar el orden y la justicia» asuma sus «responsabilidades». Eso se refiere a la policía y a las corporaciones de justicia, que, para el prelado, como en el caso de Orissa, hicieron poco o nada para proteger a los cristianos de los ataques.
Una de las sugerencias llevadas adelante por los obispos fue que la compensación para las víctimas de la violencia sea garantizada «por el Estado» y no por los «autores del crimen». Los prelados también deben pedir la intervención del gobierno central en los casos donde el estado no pueda lidiar con la violencia y una protección mayor de todos los derechos civiles.
Al terminar, el padre Joseph apoyó el establecimiento de cortes especiales que aprecien y juzguen directamente, en el caso de violencia con motivos religiosos. Según él, ese es otro elemento «inhibidor» para prevenir los crímenes.
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