Asmara (Lunes, 15-01-2018, Gaudium Press) El P. Mussie Zerai, sacerdote de la Eparquía de Asmara, Eritrea, denunció la intervención del estado para impedir las actividades sociales de la Iglesia Católica en el país. Para el presbítero, esta es una forma de vulnerar la libertad religiosa y la participación de los creyentes en la sociedad bajo la apariencia de respetar la libertad de culto.
La Iglesia en Eritrea cuenta con libertd de culto, peros e le prohíbe realiza obras sociales y los creyentes padecen otras formas de marginación. Foto: Asmarino. |
«En Eritrea, el régimen ha comenzado a perseguir a las confesiones religiosas y, en particular, a la Iglesia Católica. El objetivo es claro: intentar evitar su influencia en la sociedad: sin prohibir el culto, pero sí las actividades sociales», explicó el P. Zerai a la agencia Fides. El sacerdote explicó que la ley desde 1995 hace que las labores sociales sean controladas exclusivamente por el estado, pero su aplicación era laxa y se permitía la existencia de instituciones de identidad religiosa. «Sin embargo, en los últimos meses, se ha recrudecido la situación», denunció.
La situación de alarma se produce por la orden de cierre de cinco clínicas católicas, e incluso el Seminario Menor de la ciudad de Asmara. Escuelas cristianas e instituciones de otras confesiones religiosas fueron cerradas también y las protestas de la población por estos hechos han sido fuertemente reprimidas. Eritrea es considerada como el sexto país en persecución a los cristianos en el más reciente informe de la organización Puertas Abiertas (ver noticia anterior).
«Al margen del daño económico a las confesiones religiosas individuales, quien más pierde es la población que ya no tiene estructuras serias y eficientes a las que recurrir», expuso el sacerdote. «En Xorona, por ejemplo, cerraron el único dispensario en funcionamiento administrado por católicos. En Dekemhare y Mendefera, las autoridades prohibieron la actividad de los presidios médicos católicos afirmando que eran una duplicación de los estatales. En realidad, las instalaciones públicas no funcionan: no tienen medicamentos, no pueden funcionar porque no tienen equipos adecuados y, a menudo ni siquiera electricidad».
Con información de Fides.
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