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Madrid (Miércoles, 22-08-2018, Gaudium Press) Que soplan vientos de acoso a la Iglesia, vientos que sugieren amenazas mayores, no es preciso ser genio para percibirlo. Lo decimos con relación al listado que publicará el gobierno español sobre los bienes matriculados por la Iglesia en el Registro de Propiedad, y al pronunciamiento del Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española al respecto, todo de lo cuál se hará una breve reseña más abajo. Pero antes es preciso recordar recientes pronunciamientos de autoridades españolas, que indican hacia dónde van los tiros.
Afirmó días atrás el diputado socialista Antonio Hurtado que la publicación de los listados de los bienes eclesiásticos matriculados permitirá reclamaciones «cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados por la Iglesia Católica muchos de los bienes podrán reclamar su propiedad por la vía judicial. Un trabajo de reparación que va a requerir mucho tiempo y esfuerzo». Supone el diputado inmatriculaciones injustas de la Iglesia, que ya habrían afectado a particulares y personas jurídicas, afirmación que es gratuita.
Señaló también el mismo diputado Hurtado que el actual gobierno socialista quiere enarbolar «entre sus señas de identidad, avanzar en la aconfesionalidad del Estado», y la eliminación de lo que él llama «privilegios históricos de la Iglesia Católica». Por su parte -y en un abordaje de más amplio espectro- el actual primer ministro español Pedro Sánchez expresó a sus seguidores que desea «derogar los acuerdos con la Santa Sede», y quiere que su partido sea «referencia» de lo que él llama laicidad en España.
Cómo es el asunto de la inmatriculación
Intentemos explicarlo de la manera más sencilla, siendo fieles a la realidad.
La Iglesia fruto del impulso del clero y de la fe generosa de sus fieles, y durante casi veinte siglos de tradición cristiana, erigió iglesias, ermitas, santuarios, etc. También de otros que no erigió, ha fungido como legítimo poseedor pacífico por décadas y décadas. En general la propiedad de estos inmuebles no ha sido contestada por lo evidente… hasta estos últimos tiempos, cuando el fantasma del cruel laicismo se vuelve a levantar, por ejemplo en el deseo fallido del ayuntamiento de Córdoba de inscribir a su nombre la Catedral de la ciudad, por ser supuestamente de dominio público. Y en esta última expresión va uno de los más fuertes ‘venenos’ de todo el asunto. Algo parecido ocurrió con la SEO (Catedral) de Zaragoza.
Entre 1998 y 2015, por razones que sería un tanto largo explicar -pero con la intención de manifestar sus derechos-, la Iglesia matriculó (o ‘inmatriculó’) muchos de esos bienes ante el Registro de Propiedad, para defender o simplemente manifestar públicamente la propiedad de los mismos. Pero es claro que matricular no es adquirir: la Iglesia ya era dueña de esos predios.
Entretanto, a mediados de año pasado, -y en una iniciativa que no pocos aseguran tiene la intención de poner en duda muchos de los derechos de propiedad de la Iglesia- a instancias de los socialistas el Congreso español aprobó una mera proposición que buscaba reclamar la propiedad de aquellos bienes que habían sido matriculados por la Iglesia y que fueren considerados de «dominio público».
¿Son los bienes de la Iglesia de «dominio público»? Es claro que no, pues son de la Iglesia para el beneficio del público. Pero ya vimos lo que algunos piensan que es «dominio público».
Como consecuencia de esa proposición aprobada en el Congreso, el gobierno socialista español ha informado que va a publicar una lista de los bienes de la Iglesia inmatriculados en el Registro de la Propiedad.
Pronunciamiento de la Iglesia
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| Fernando Giménez Barriocanal |
Ante esa eventualidad se ha pronunciado el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, don Fernando Giménez Barriocanal, recordando que el proceso de inmatriculación «no es en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien. El acto de registrar no concede la propiedad; simplemente la registra».
«Los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general. Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley, lo único que se procuró es dejar constancia de una realidad que es anterior al propio acto de registrarla», afirmó.
Resaltó además el Vicesecretario que «los más de tres mil bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España aportan una riqueza cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica muy relevante».
Manifestó también que según estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers, «la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aportan a la economía nacional más de 22 mil millones de euros al año, es decir, el 2% del PIB». Eso es no poco, y en líneas generales, muy bien administrado. No hay ahí «manos muertas», sino manos laboriosas que trabajan bajo el impulso de la fe. Los subsiguientes capítulos de la trama se insinúan ya muy interesantes, aunque no necesariamente deleitables, por lo menos para la Iglesia. (Gaudium Press / Saúl Castiblanco)
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