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Madrid (Miércoles, 12-09-2018, Gaudium Press) Las posiciones de la nueva ministra de Educación española, Isabel Celaá, con relación a la escuela concertada, han variado entre el negro y el gris, pasando por el gris oscuro y luego el negro. La escuela concertada es como un punto intermedio entre la escuela pública y la privada, es decir mantenida con fondos públicos pero cuya administración es privada siguiendo unas condiciones generales establecidas por el Estado, pero atendiendo el deseo educativo de los padres de familia. En España la mayor parte de las escuelas concertadas son católicas.
Los hechos
Poco después de posesionarse la ministra Celaá anunció que buscaría eliminar de la Lomce (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) el artículo que estipula la «demanda social» como criterio para ampliar conciertos o abrir nuevos, lo que al final de cuentas dejaría a las escuelas concertadas paralizadas y a merced de los criterios o ‘benevolencia’ de los entes gubernamentales, desconociendo la voluntad de los padres. Por ejemplo, una escuela concertada que tenga mucha demanda no podría ampliar el concierto, y los muchachos que se queden sin cupo en esa escuela deberán ir a la escuela pública que la Administración designe.
Evidentemente el anuncio de la ministra suscitó graves aprehensiones y manifiestos rechazos de la comunidad educativa que se beneficia con las escuelas concertadas. Tras la indignación, la ministra ha intentado calmar ánimos con declaraciones menos radicales, pero su intención de acabar con el criterio de «demanda social» sigue firme.
Continúa «esa amenaza de la demanda social, que queremos abordar personalmente con ella. Esta medida supondría dejar la planificación escolar solo en manos del Estado y, por tanto, sin contar con la sociedad», dice José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Escuelas Católicas han buscado reuniones con la ministra que aún no se ha concretizado. José María Alvira cree que tras las medidas anti escuela concertada anunciadas está la presión del partido Podemos, sin el cual el actual gobierno no habría llegado al poder.
Algo similar piensa Alfonso Aguiló, presidente de la confederación de Centros de Enseñanza (CECE). Él ve en los anuncios de la ministra «un compromiso con sus socios de Gobierno y aliados». Pero si la amenaza se mantiene, ya estás listas las acciones.
Estrategias pro escuelas concertadas
Según José María Alvira, Escuelas Católicas defenderá la escuela concertada de la siguiente manera:
Primero, diálogo con la ministra y su equipo. Segundo, si el diálogo no fructifica, se informará a los afiliados y a las familias. Tercero, se analizarán las acciones jurídicas que puedan emprender. Cuarto, se plantea una gran movilización.
También rechazan los anuncios de la ministra Celaá los padres de familia católicos reunidos en Concapa, quienes acusan al gobierno de ir contra la libertad de educación. Pedro José Caballero, presidente de Concapa, recuerda a la ministra que antes de atacar la escuela concertada deberían solucionar los problemas de fondo de la escuela pública; y que «la potestad educativa es de los padres, mientras que el Estado es subsidiario, es decir, tiene que ayudar a las familias a formar a sus hijos». Caballero plantea también una línea de acción similar a la de Escuelas Católicas: «Primero informaremos a las familias. Si persiste el Gobierno en sus intenciones, nos movilizaremos. No vamos a ceder ni un paso más. Si la ministra quiere un otoño caliente, tendrá un otoño caliente».
¿Una nueva «Educación para la Ciudadanía»?
Otro de los anuncios inquietantes de la ministra fue el de la introducción en la educación de la asignatura Valores Cívicos, que a muchos les sabe a la reencarnación de la infausta Educación para la Ciudadanía, que buscó ideologizar a los alumnos en doctrinas contrarias a los principios cristianos de muchas de las familias españolas. Temas del estilo de la ideología de género, o contenidos de tipo afectivo sexual anti-cristianos, fueron vehiculados por la Educación para la Ciudadanía y se teme que se repitan en Valores Cívicos.
Reunión de la mesa de unidad eclesial
El próximo 19 de septiembre, y convocada por la Conferencia Espicopal Española, se reunirá la mesa de unidad eclesial, buscando ponerse al día en el tema de la escuela concertada y en defensa de la clase de religión, también amenazada por la ministra.
José Miguel García, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, manifiesta que «lo que nos preocupa de verdad es la libertad de educación», pues la propuesta de la ministra «es proponer como modelo único la escuela pública». «Me temo que no solo está en juego la libertad de educación, sino la misma libertad. En cualquier caso, es la propia sociedad la que tiene que defender los derechos de la persona en razón de su dignidad humana, no porque se los da el Estado. Ojalá hubiera menos Estado y más sociedad. Un Estado que va recortando el espacio de la sociedad civil, de las iniciativas de padres, agrupaciones o fundaciones (como los colegios concertados) es un Estado que tiende a ser la fuente y el criterio de todo; o sea, se convertirá en totalitario», dice.
Con información de Alfa y Omega
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