Melbourne (Viernes, 14-09-2018, Gaudium Press) El Arzobispo de Melbourne, Australia, Mons. Peter Comensoli, confirmó su compromiso de mantener el Secreto de Confesión en medio del debate público en el cual una polémica propuesta de su prohibición en casos de abusos se ha convertido en pieza clave de las promesas electorales de los partidos políticos.
Mons. Peter Comensoli, Arzobispo de Melbourne, Australia. Foto: Arquidiócesis de Melbourne. |
La controvertida propuesta es una amenaza de enmienda de la Ley de Niños, Juventud y Familias y del Código Penal para incluir una pena de hasta tres años de cárcel en el caso de que un sacerdote dejara de reportar cualquier información sobre abuso infantil obtenida durante una Confesión sacramental. La propuesta fue anunciada el mismo día en el que el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, hizo la promesa de reformar las leyes que protegen la libertad religiosa, lo cual hace temer una próxima batalla legal por el secreto de confesión.
«Lo más probable es que romper el Sigilo de Confesión no va a conducir a la seguridad de los niños», advirtió el Arzobispo, quién rechazó que esta pueda ser una solución práctica al problema. «Mantener el Sigilo de hecho puede en formas reales mejorar la seguridad de los niños sin ponerlos en un riesgo mayor». Los Obispos católicos han insistido en la importancia de mantener un canal abierto al arrepentimiento de los victimarios y a la libre expresión de las víctimas, quienes en todo caso reciben el consejo del sacerdote de informar a las autoridades o a otras personas sobre las situaciones que constituyen delito. En el caso de los agresores, el perdón está condicionado a un arrepentimiento real y a las acciones pertinentes para evitar nuevos daños, lo cual incluye la entrega a las autoridades.
El Obispo auxiliar de Melbourne, Mons. Peter Elliot, denunció la grave vulneración de la libertad de religiosa que significaría una prohibición del Secreto de Confesión. «El retiro del Secreto de Confesión ha sido el gran sueño de todos los sistemas totalitarios, porque en un sistema totalitario ya sea en la izquierda o en la derecha, no debería haber confidencialidad entre los ciudadanos. El Estado debe tener acceso a toda la información», denunció, al tiempo que afirmó que los legisladores «pueden hacer lo que quieran, pero no pueden interferir con la práctica de la religión católica». «Ambos espectros de la política muestran qué tan profundamente ignorantes son de las prácticas de la más grande religión en la comunidad».
Bajo la legislación del Estado de Victoria, los profesores, directores de escuela, médicos, enfermeras y oficiales de policía que consideran que un niño puede estar siendo abusado o herido tienen la obligación de reportar a las autoridades. El incumplimiento de este deber constituye una ofensa criminal. Se prevé que el próximo mes la lista va a incluir a los psicólogos, consejeros escolares y profesionales del sistema judicial para menores de edad.
Con información de Catholic Weekly.
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