Comentarista australiana cuestiona motivos de leyes que amenazan el secreto de Confesión

Sídney (viernes, 12-10-2018, Gaudium Press) Monica Doumit, Coordinadora de la plataforma Catholic Talk de Australia, cuestionó la idoneidad de las nuevas normativas que declaran ilegal el Secreto de Confesión al obligar a sacerdotes a denunciar a las autoridades los crímenes relacionados con abuso infantil que hayan conocido a través del Sacramento de la Penitencia. La norma desafía directamente las leyes de la Iglesia, que castiga con la excomunión a quienes divulgan los contenidos de la Confesión, y representa muy poca utilidad, si la tuviera, en favor de la protección de los infantes.

La amenaza al Secreto de Confesión no genera ninguna protección a los menores y sí constituye una vulneración de la libertad religiosa.

«Mientras toda la historia era bastante alarmante, había una frase (…) que particularmente me impactó: ‘Esta es la primera reforma que el gobierno de tasmania va a realizar en respuesta a las 409 recomendaciones de la Comisión Real», recordó la autora en una pieza para The Catholic Weekly. «¿En serio? De las 409 recomendaciones, la prioridad del gobierno de Tasmania es inmiscuirse en el confesionario y amenazar a los sacerdotes con una vida en prisión?».

La comentarista recordó el testimonio de numerosos sacerdotes que han declarado no haber escuchado en su vida una sola confesión en la cual se reporte algún delito de abuso infantil y el hecho de que criminales reincidentes de este tipo no confiesan sus crímenes. Debido a esta situación, «me pareció un poco raro que el sigilo sacramental fuera la prioridad del gobierno», expresó. Una normativa similar entrará en vigor en octubre en South Australia y otra más será aplicada desde marzo en el Territorio Capital del país, de forma que el interés parece ser nacional.

La tendencia es inquietante, ya que el 40 por ciento de las denuncias recibidas por la Comisión Real involucran instituciones administradas por el Estado. «De todo lo que surgió de las investigaciones de la Comisión Real, ¿por qué las leyes relacionadas con prácticas específicamente católicas son la prioridad?». Doumit pidió un mayor análisis sobre posibles reformas de estamentos públicos, en particular en las escuelas públicas, donde se han aumentado notablemente las denuncias de abuso y menos de una cuarta parte son investigadas.

Las medidas que podrían implementarse a nivel educativo serían mucho más provechosas, ya que existen 400 mil maestros en el país, contra apenas tres mil sacerdotes. La Comisión Real realizó sugerencias para este campo, pero el énfasis de las administraciones ha sido la Iglesia Católica. Un trabajo en otros campos, como el registro compartido de acciones disciplinarias contra maestros que ponen en riesgo a los menores, «parecería ser una fuente mucho más rica de información útil cuando se trata de la protección de los niños.Pero, como leímos la semana pasada, no es el primer elemento de acción para los gobiernos de Tasmania u otros», lamentó la comentarista. «No pretendamos que priorizar el confesionario es algo más que la ideología pasando por encima de la practicidad».

Con información de Catholic Weekly.