Buenos Aires (Sábado, 10-11-2018, Gaudium Press) La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó el pasado viernes 09 de noviembre la determinación de los Obispos del país de realizar un «reemplazo gradual de los aportes del Estado», con el fin de renunciar a la financiación pública concedida a los prelados en beneficio de alternativas solidarias. Los dineros recibidos por la Iglesia en acatamiento de un principio constitucional suman un aproximado de 130 millones de pesos (unos tres millones y medio de dólares), que se destinan principalmente al sostenimiento de seminarios y parroquias apartadas.
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Foto: AICA. |
Para suplir los recursos que no se recibirán del estado, los Obispos acordaron crear una comisión episcopal que se encargue de garantizar el sostenimiento del apostolado de la Iglesia. La Iglesia «trabajará en la creación de un fondo solidario y en la continuidad del diálogo con el Gobierno Nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo», según informó AICA.
Según fuentes gubernamentales consultadas por el diario La Nación, los recursos que no se recibirá del estado corresponden apenas a un siete por ciento de los recursos de la Iglesia para todas sus actividades. «El Gobierno no sostiene a la Iglesia, como mucha gente cree», aseguró el Secretario de Culto, Alfredo Abriani. «Es necesario un cambio de paradigma. Entre el Gobierno y la Iglesia queremos buscar una alternativa para que el Estado facilite y genere que los propios fieles sostengan a la Iglesia».
Una de las posibilidades actualmente en consideración es la adopción de un modelo de contribución voluntario en los formularios tributarios como se realiza en España. Los recursos que actualmente se destinan a las diócesis tienen su origen en el mandato contenido en el Artículo 2 de la Constitución, el cual establece que «el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». La renuncia a los dineros estatales se produce en tiempos de fuerte tensión con las autoridades tras los debates sobre propuestas de legalización del aborto en el país.
Con información de AICA y La Nación.
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