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Madrid (Miércoles, 21-11-2018, Gaudium Press) Escuelas Católicas de España, entidad que aglutina a titulares de centros católicos del país ibérico, ha presentado sus resalvas al borrador del anteproyecto de ley que reformará la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa), elaborado por el Ministerio de Educación.
«Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico [ndr. el de la asignatura de Religión] y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado», expresa Escuelas Católicas, que aglutina a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG).
Asimismo Escuelas Católicas objeta que se suprima del borrador la expresión «demanda social» en la planificación de la escolarizacón, y que sea sustituida por una «redacción confusa», lo que supone «omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo extremadamente preocupante».
Para Escuelas Católicas la autonomía de los centros «no queda suficientemente garantizada en la práctica». «El principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la administración y del consejo escolar», remarcan.
Sobre el Consejo Escolar, las Escuelas Católicas objetan que este «pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control»; objetan que se vuelve a introducir la figura del «comisario político», representante municipal cuya presencia «no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos».
No hay búsqueda de consensos
También critican la poca participación de los actores educativos para buscar un verdadero consenso: «Hasta el momento», el gobierno no ha dado a la comunidad educativa «la más mínima posibilidad de hacer propuestas, contradiciendo manifiestamente su compromiso de actuar con consenso y alegando una urgencia que lejos de ser educativa responde únicamente a intereses políticos».
«Lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes. La actuación del Gobierno en este terreno necesita de una mínima dosis de coherencia entre el acuerdo que proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está tratando a una parte de la misma», concluyen.
Con información de Alfa y Omega
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