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La demanda, sobre el caso Gaztelueta, busca, según el profesor la tutela de sus derechos fundamentales.
Foto: Wesley Tingey en Unplash
Redacción (, Gaudium Press) El Juzgado de Primera Instancia 9 de Pamplona, en España, ha admitido el pasado 2 de mayo una demanda civil, del profesor José María Martínez Sanz contra Mons. José Antonio Satué, Obispo de Teruel y Albarracín, por su actuación como Delegado (Juez) en el proceso canónico penal que se le sigue en España por presuntos abusos sexuales en el llamado Caso Gaztelueta.
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Al antiguo profesor se le sigue un proceso en un tribunal canónico ad casum (constituido para ese caso) por abusos supuestamente cometidos sobre un alumno en el Colegio Gaztelueta, vinculado al Opus Dei. El prof. Martínez siempre ha alegado su inocencia.
La demanda ahora contra el Obispo se realiza “para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, con la cual pretendo la cesación en la intromisión ilegítima en el derecho a mi honor”, según se plasma en una carta enviada por el prof. Martínez a los obispos de España.
De parte de la defensa del profesor, ha habido todo tipo de alegaciones en el sentido de que no se ha respetado el debido proceso ni su derecho a la defensa.
Alega –entre varios otros argumentos– que Mons. Satué recusó sin fundamento a un testigo clave, como el P. Silverio Nieto, quien en su momento realizó una investigación preliminar que concluyó en el archivo del caso contra el profesor por el dicasterio de la Doctrina de la Fe. Alega que la Signatura Apostólica no ha aclarado la naturaleza del proceso que se le sigue al profesor, de si es un proceso de tipo penal o una acción fiscalizadora de los hechos según las normas del Opus Dei, desconociendo el acusado si se enfrenta a un delito canónico o a una infracción a los Estatutos de la Prelatura. Alega igualmente que el Obispo Delegado primero admitió a los abogados escogidos por el profesor, pero que después la Signatura Apostólica los destituyó, luego de lo cual el Delegado acordó la “continuación” del procedimiento, lo que caracterizaría a este de nulidad. Alega también que el profesor no ha recibido el Decreto originario sobre el que se ha articulado el juicio canónico.
Ahora es la justicia civil la que habrá de estudiar si le han sido violentados los derechos fundamentales al profesor Martínez. En la admisión de la demanda, el Juzgado 9 de Pamplona ha rechazado la medida cautelar solicitada por el profesor de que se anule el proceso canónico que se surte contra él, en una determinación que no es de fondo.
El auto de admisión de la demanda por parte del juzgado afirma que, a tenor de los argumentos presentados, “se han podido vulnerar derechos de defensa elementales” como ser juzgado de nuevo por hechos ya sentenciados.
“Siempre me he declarado inocente”, subraya José María Martínez, al tiempo que explica cómo el Tribunal Supremo “rebajó a 2 años la condena debido a la lesión de la presunción de inocencia” en el proceso seguido en una instancia inferior, la Audiencia Provincial de Vizcaya, que le había condenado a 11 años de prisión.
El prof. Martínez añade que “no es ni ha sido fácil interponer esta demanda contra el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don José Antonio Satué Huerto, pero en conciencia debo continuar poniendo los medios que están a mi alcance —cuesten lo que cuesten— para defender mi inocencia”.
Los cargos alegados contra el Obispo de Teruel y Albarracín
En el escrito de demanda ahora admitidos por juzgado, se expresa, después de relatar los hechos, que “nos encontramos más bien ante un proceso cuya finalidad es la de revestir de apariencia jurídica una decisión condenatoria, previamente tomada e insinuada en los medios”.
José María Martínez, según la demanda, “sigue siendo ultrajado mediante actuaciones abusivas e infamantes que están causando graves daños morales, psicológicos e incluso somáticos, tanto a su persona como a su familia”.
Reclama la demanda que Mons. Satué sea condenado por una intromisión contra el derecho fundamental al honor de José María Martínez, que se paralice el procedimiento canónico y se obligue al obispo a “abstenerse de promover cualquier otra actuación” relativa a los hechos que se juzgan.
También se reclama que sea condenado a pagar, en compensación por “graves daños morales”, 20.000 euros en caso de que el procedimiento civil contra el obispo concluya antes que el canónico contra Martínez, o de 60.000 euros si sucede al contrario.
Con información de Aciprensa.
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